El déficit público se disparará hasta el 10,34% del PIB, el más alto desde el rescate bancario

El aumento del gasto público por las medidas para combatir el impacto del coronavirus Covid-19 y la caída de los ingresos dispararán el déficit público de España hasta el 10,34% del PIB este año, según ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha presentado la actualización del Programa de Estabilidad 2020 y el Plan Nacional de Reformas remitido a la Comisión Europea.

De acuerdo a las cifras presentadas por Montero, el gasto público se disparará este año hasta un 51,5% del PIB, lo que supone un incremento de diez puntos porcentuales respecto al año anterior. Se trata de un “incremento temporal” ha explicado la ministra, para abordar la crisis y “proteger el tejido productivo”. Las “prioridades” del Gobierno, ha explicado, pasan por “proteger a los trabajadores” y dotar de liquidez a pymes y autónomos.

“España se va a recuperar de este golpe, y a diferencia de otras veces, no vamos a dejar a nadie atrás”, ha explicado la portavoz, que ha señalado que la intención del Ejecutivo es que “la salida de la crisis no provoque las desigualdades y pobreza que generó la salida de la crisis de 2008”.

Frente a la subida del gasto público, los ingresos caerán en 25.700 millones de euros, hasta situarse en un 41,2% del PIB. Se trata de una “caída importante”, ha reconocido Montero, que llevará de este modo el déficit público a los 115.671 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 10,34% del PIB. Se tratará del déficit más alto desde 2012, cuando alcanzó el 10,7%. La deuda pública escalará hasta el 115,7% del PIB.

Montero ha explicado que la subida del déficit y la deuda muestran la “gravedad” de la crisis, pero también el “esfuerzo de las administraciones” para mantener la demanda y “no dañar la economía de forma permanente”. En ese sentido, ha explicado que el Gobierno ha puesto en marcha medidas para luchar contra la pandemia del coronavirus por valor de 139.000 millones de euros.

La mayor parte, 104.000 millones, se corresponde a las líneas de liquidez a través de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Los ERTE para evitar que los trabajadores pierdan su trabajo, que conllevan una exoneración para las empresas de pagar las cotizaciones, costarán 20.000 millones de euros, mientras que la prestación para los autónomos por cese de actividad supondrá 3.700 millones.

“Nos esperan meses difíciles pero saldremos adelante gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos”, ha valorado Montero, que ha anticipado que “tras este shock” habrá que poner en marcha un “plan de consolidación fiscal”. “Es una tarea que nos incumbe a todos –administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos- para hacer que el crecimiento “sea más sano, equilibrado y redistributivo”. No obstante, la ministra ha señalado que es “prematuro” ofrecer alguna guía sobre el déficit y la deuda público de 2021.

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