El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, entrega en el Congreso de los Diputados el Informe Anual 2017.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, denuncia “la invisibilización que padecen las mujeres en los centros penitenciarios” y afirma haber detectado barreras para las reclusas en“ el acceso al tratamiento, a las actividades y al empleo remunerado” y hasta en el tiempo que las internas pueden realizar actividades deportivas.
Esta es una de las conclusiones que esta institución hace en su informe anual sobre la tortura en centros de privación de libertad, un documento que ha entregado en el Congreso de los Diputados y en el Senado y en el que por primera vez se ha abordado la cuestión de género en los centros penitenciarios.
El Centro Penitenciario “Antoni Asunción Hernández” en Picassent (Valencia) es el centro que el Defensor del Pueblo ha visitado para iniciar este proyecto. En el momento de la visita había 2.052 personas internas, de las cuales 236 eran mujeres.
La institución pone de manifiesto que los formularios solo hablan de “internos” y los registros no contienen información desagregada por sexos. Por lo que se refiere al acceso al tratamiento, a las actividades y al empleo remunerado, se han detectado barreras para las mujeres basadas en la organización del espacio del centro y en la distribución de la población penitenciaria. Estas barreras se extienden incluso al uso del polideportivo, con actividades y horarios más amplios para hombres que para mujeres.
En el momento de la visita, solamente el 8% de las internas contaba con un contrato de trabajo. Por razones de seguridad y protección a las mujeres, se evita que asistan a talleres donde coincidan con reclusos por delitos sexuales o violencia de género con lo que se da la paradoja de que la condición de potencial víctima acaba jugando en su contra. Por lo que la institución ha formulado una sugerencia para que se garantice el acceso a talleres formativos y destinos en condiciones de igualdad.
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