El Defensor del Pueblo avisó de fallos en pulseras antimaltrato en 2018

Así se desprende del informe de la institución de 2019, consultado por Europa Press, en el que el entonces Defensor del Pueblo interino, Francisco Fernández Marugán, señalaba que “en una actuación de oficio de abril de 2018, solicitó al entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (al frente del cual se encontraba la ahora eurodiputada Dolors Montserrat) información sobre el funcionamiento de las pulseras de control”.

Según Fernández Marugán, “a través de las quejas de las víctimas”, la institución tuvo conocimiento de que la tecnología que utilizaban los dispositivos de teledetección generaba “numerosos fallos y falsas alarmas que perjudicaban aún más la vida de las víctimas”.

“El sistema debía facilitar información sobre las incidencias por mal funcionamiento, pero su gestión estaba siendo entonces objeto de concurso público para determinar la adjudicataria que debía hacerse cargo del servicio por lo que no se atendían con la debida celeridad los informes de incidencias que el propio sistema generaba”, alertó el Defensor del Pueblo.

Según la institución, a finales de 2018 –cuando ya gobernaba el PSOE–, se adjudicó el servicio que pretendía garantizar la “continuidad y perfeccionamiento de las pulseras”, y la aplicación del ‘Protocolo de Actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género’, de 2013.

Si bien, el Defensor del Pueblo señala que una nueva víctima y usuaria de las pulseras denunció que el funcionamiento de los dispositivos seguía siendo “deficiente” y se acordó una ampliación de actuaciones, recoge la citada agencia.

Los inconvenientes, según precisa Fernández Marugán en su informe, estaban causados por “problemas técnicos”. En concreto, el mal funcionamiento de la pulsera provocaba que el dispositivo generara “falsas alarmas cuando salía de cobertura” y “no era posible discriminar si era por problemas técnicos o si el maltratador estaba quebrantando el alejamiento”. Como consecuencia, el Centro COMETA advertía del peligro a la víctima y activaba los protocolos de emergencia con la Policía Nacional.

El Defensor del Pueblo añade que, en mayo de 2019, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó de que, en virtud del nuevo contrato, los equipos de dispositivos instalados a partir de la firma de este eran equipos con tecnología 3G y que se habían sustituido los instalados anteriormente.

Otras quejas y recomendaciones de Gabilondo

Por otro lado, en el último informe del Defensor del Pueblo, correspondiente al año 2024 y publicado en 2025, ya con Ángel Gabilondo al frente de la institución, se recogen quejas sobre problemas en los procesos de ejecución de sentencias de condenados por violencia de género y formula recomendaciones para solucionar los “problemas de coordinación” en la atención a las víctimas.

En concreto, la institución cita el caso de un hombre condenado por sentencia firme por delitos muy graves de violencia de género, que había sido excarcelado y al que habían retirado la pulsera de control, “sin que durante los más de siete meses que estuvo excarcelado, y sin control telemático, se avisara a las víctimas, ni se adoptasen medidas complementarias de protección”.

Aunque, según añade, la exmujer y sus hijas “mantuvieron en todo momento una buena comunicación” con las oficinas de los juzgados competentes, y estas con la policía, para garantizar que el agresor “no se acercara a menos de 100 kilómetros” de la residencia de las víctimas, señala que, cuando fue trasladado al País Vasco se interrumpió la comunicación y dejaron de tener información sobre su situación penitenciaria.

Ante este caso, el Defensor del Pueblo formuló recomendaciones a la Consejería de Justicia y derechos humanos del Gobierno Vasco, al Consejo General del Poder Judicial, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Bilbao y a la Secretaría de Estado de Justicia, “dirigidas a mejorar los sistemas de comunicación entre los juzgados y las víctimas, garantizar el ejercicio de sus derechos como partes y revisar los protocolos y manuales de gestión aplicables en estos casos, garantizando la coordinación entre administraciones”.

Según informa la institución, el Gobierno Vasco aceptó las recomendaciones, incluyendo la modificación del protocolo penitenciario de marzo de 2022, para que la Administración penitenciaria vasca “comunique la información sobre los penados a las víctimas, incluyendo la referente a dispositivos telemáticos”.

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