Las Administraciones madrileñas aprietan en la recta final de la legislatura para afrontar los frentes abiertos en vivienda. Así lo ha hecho tanto el Ayuntamiento de Madrid presentando un decálogo sobre sus actuales y futuras líneas de actuación en vivienda como la Comunidad de Madrid con su decreto sobre pisos turísticos.
Sin embargo, la norma del Gobierno de Ángel Garrido ya ha provocado un nuevo choque con el Consistorio de Manuela Carmena. La principal medida gira en torno al alquiler por habitaciones: si la normativa entra en vigor, no podrá hacerse. Algo que, en un primer momento, la Comunidad de Madrid no reguló.
De hecho, no ha sido hasta el periodo de alegaciones cuando el Ejecutivo madrileño lo retiró del borrador después del recurso de la Asociación Empresarial Hostelera de Madrid al considerar que el alquiler por habitaciones “provocará un incremento desorbitado de la oferta turística sin sujeción a ningún tipo de control ni de regulación”.
A pesar de este análisis de los hoteleros, el Ayuntamiento de Madrid ha cargado contra la restricción y ha dirigido la mirada a otro punto: “La gente que alquila habitaciones o que alquila viviendas menos de 90 días al año no tiene incidencia en la subida de los precios. El problema son los grandes operarios”.
En este sentido, José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, ha exigido este lunes un “decreto serio” que limite a estos “grandes operarios que operan como hoteles encubiertos y que son el 95% de la oferta turística”. Pero esto mismo fue reclamado a la Comunidad de Madrid y la respuesta fue contundente.
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid propuso que el decreto de Garrido estableciera un “límite máximo” al número de viviendas que “puede ofertar un mismo propietario o gestor”. Y el Ejecutivo autonómico no dudó: “No se admite la alegación por entender que constituye una limitación al principio de libertad de empresa”.
Al mismo tiempo, los hoteleros reclamaron “un límite máximo de días de alquiler al año” de estas viviendas turísticas. “No se admite la alegación por entender que constituye una limitación del derecho de propiedad”, concluyó la Comunidad de Madrid.
En todo caso, esta grieta entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid va más allá de declaraciones públicas. O al menos así se ha apreciado en las alegaciones al proyecto, aunque se hayan admitido pequeñas consideraciones.
Por ejemplo, en el que el Consistorio recordó al Gobierno madrileño que no puede establecer el número o proporción de viviendas de uso turístico respecto al número de viviendas existentes “por ser una determinación propia de la normativa urbanística”. Un recordatorio que tuvo que admitir y corregir la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento tachó como “fundamental” que se conserve la referencia al carácter habitual de la actividad recogida en la normativa sectorial, fijado en tres meses, en la definición de viviendas de uso turístico. Ahí la Comunidad rechazó la alegación “por entender que todas las viviendas, con independencia del tiempo que se dediquen a la actividad turística, tienen que reunir los requisitos mínimos establecidos en el proyecto”.
Por último, el Gobierno regional tampoco admitió la alegación de Carmena sobre la categoría de “usuarios” al no haber “ningún parámetro objetivo que permita deslindar a partir de qué fecha se reside o se usa una vivienda con fines turísticos”.
Por su parte, las alegaciones también se encontraron con el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid cuando reclamaron establecer una “duración mínima (en torno a 30 días) para cualquier tipo de alquiler de apartamentos turísticos”. Y la respuesta del Ejecutivo autonómico fue la misma: “No se admite la alegación”.
Podemos tampoco pasó por alto el periodo de alegaciones. La formación morada fue más allá y llamó directamente a retirar el proyecto de decreto por encontrarse en términos regulatorios “muy por detrás de las medidas” del Ayuntamiento de Madrid, por “falta de coherencia con las normas estatales” y por “no recoger las legítimas demandas de las asociaciones afectadas”.
La Comunidad de Madrid hizo oídos sordos aseverando que “este no es el instrumento procedimental para ello”.
Por el momento, el turno ahora es de la Comisión Jurídica Asesora que deberá analizar el decreto a través de un informe (no vinculante). Una vez superado el trámite, el Consejo de Gobierno tendrá que aprobar definitivamente la normativa.
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