Cáritas y Foessa alertan de que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un “shock sin precedentes” como consecuencia de la tensión que han vivido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2. La investigación –llevada a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social—, muestra que la precariedad laboral se ha duplicado durante la crisis sanitaria y alcanza a casi 2 millones de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave”. Esto significa, destaca, que “en el último año ha tenido: 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas”.
“Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente”, afirma Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de Foessa. El informe confirma, además, que “lo que empobrece a muchos trabajadores no solo es un salario insuficiente, sino muchas veces trabajar una jornada de 3 horas cuando podrían y desearían trabajar una jornada completa, o la temporalidad y estacionalidad de los contratos”.
Durante la crisis, “la situación de que el sustentador del hogar se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a 800.000 familias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado”. Es decir, continúa Cáritas, “hay casi dos millones de núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro”. Asimismo, un tercio de estos hogares (esto es, 600.000 familias) “carece de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una cierta estabilidad y capacidad de generar proyectos vitales”.
Según el mencionado informe, la pandemia ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital, “el nuevo analfabetismo del siglo XXI”. La investigación coordinada por los catedráticos Luis Ayala Cañón, Miguel Laparra Navarro y Gregorio Rodríguez Cabrero, ha puesto de manifiesto que “casi la mitad de los hogares en exclusión social sufren el apagón digital”. Esto supone que 1,8 millones de hogares viven la brecha digital “de manera cotidiana”.
Este “apagón digital” se traduce en “dificultades serias para más de 800.000 familias (4,5% de los hogares) que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones digitales/ falta de conexión, de dispositivos informáticos o de habilidades digitales”.
El Covid, además, destaca Cáritas, ha aumentado la brecha de género. “Mientras que la tendencia general en hogares encabezados por hombres ha sido el descenso de la integración plena a la precaria, en hogares encabezados por mujeres ha prevalecido el descenso de la integración precaria a la exclusión”, apunta.
Así, la exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 15% al 18%).
Este informe alerta también de que “ser joven es otro de los factores de exclusión”. Según los resultados que arroja, en España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de “exclusión social intensa y multidimensional que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta”. Solo en 2021 se sumaron más de 650.000 nuevas personas jóvenes (16-34) a la situación de exclusión, “la mayoría en situación de exclusión severa”, señala.
“Hay un grupo de jóvenes”, subraya Flores, “que ha experimentado ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales en los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o la construcción de nuevos hogares: a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años”.
Ante esto, Foessa y Caritas ven necesario perfeccionar el sistema de protección social de varias formas: “mejorar” la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, “reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto” o “implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad” en el mercado laboral, entre otras medidas.
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