Foto de un invernadero
El estudio, realizado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid Ramón Mahía y Eva Medina y cofinanciado por la Unión Europea, divide este impacto económico principalmente en el ámbito laboral (12.300 millones de euros o el 1% del PIB) y el educativo (4.800 millones de euros o el 0,36% del PIB). “Esta evaluación en términos económicos se apoya, principalmente, en la cuantificación del valor de los salarios que estas personas dejan de percibir por razón de la discriminación”, detalla en una nota.
En este sentido, el departamento de Elma Saiz señala que el Gobierno trabaja en “la promoción e implementación de diferentes medidas que fomentan la cohesión y la integración de las personas que llegan a nuestro país”. Una de las “herramientas principales” será la aprobación en los próximos días de la nueva reforma del Reglamento de Extranjería. Con ella se busca “facilitar –con todas las garantías jurídicas– las vías regulares para las personas migrantes y lograr, así, su integración en la sociedad”.
Resumen de la Estimación del Valor Económico de la Discriminación laboral y educativa hacia la población extranjera:
“Este estudio evidencia la urgencia de seguir implementando más políticas inclusivas que fomenten la igualdad de oportunidades para todos, aprovechando el talento y la diversidad de la población extranjera en beneficio del conjunto de la sociedad. Por ello, estamos trabajando en una reforma del Reglamento de Extranjería para que todos, sin importar su origen, tengan la oportunidad de contribuir y prosperar”, ha señalado la ministra Saiz.
Se trata de un texto normativo “muy dialogado” con entidades sociales, ONG, organizaciones profesionales y administraciones autonómicas y locales. La reforma potenciará las vías de migración legal con “tremendo impacto” en la economía española y el mercado de trabajo, ya que facilitará la incorporación de trabajadores extranjeros.
“Con esta reforma vamos a mejorar las vías de migración regular, ordenada y segura a través de la reducción de plazos y la eliminación de duplicidades procedimentales. De esta forma, cumplimos con el derecho de la UE al transponer varias directivas pendientes y, por supuesto, no dejamos de velar por los derechos humanos de todas las personas que quieren regularizarse en España”, ha explicado la titular de esta cartera.
El informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) pone de manifiesto que, en la actualidad, las desigualdades en el acceso, permanencia y remuneración en el mercado laboral afectan de “manera significativa” a la población extranjera. Especialmente, apunta, a las mujeres, con un coste total de 12.300 millones de euros.
La tasa de desempleo entre personas extranjeras se sitúa en un 18,2%, en comparación con el 11,6% de población autóctona. Esto supone, según el estudio, una pérdida de aproximadamente 5.100 millones de euros. Además, “a pesar de que la tasa de actividad entre extranjeros es generalmente más alta (71%) que la de los autóctonos (56%)”, asegura, se observan “importantes diferencias de participación laboral” de las mujeres extranjeras, que tienen un 2,3% menos de probabilidad de empleo. Una brecha que representa una pérdida de aproximadamente 1.200 millones anuales.
El informe también analiza otra forma de discriminación laboral: la sobrecualificación. Un 15% de los trabajadores extranjeros con estudios superiores y un número “considerable” de aquellos con estudios secundarios están empleados para un puesto de trabajo que está por debajo de su formación. Este problema también afecta particularmente a las mujeres extranjeras, quienes enfrentan con más frecuencia la falta de oportunidades acorde a su nivel de formación.
En cuanto a la discriminación salarial, las diferencias en los salarios entre la población extranjera y autóctona alcanzan los 500 euros mensuales.
El ámbito educativo también muestra “profundas” desigualdades que afectan a la población extranjera desde edades tempranas y “limitan” sus oportunidades futuras, también con un impacto económico que asciende a los 4.800 millones de euros.
Según el estudio, la tasa de escolarización de estudiantes extranjeros es un 17% inferior a la de los autóctonos. Este dato representa a más de 222.000 jóvenes extranjeros que no acceden al sistema educativo en igualdad de condiciones, con las consiguientes “implicaciones directas en su desarrollo y en su capacidad de contribuir a la economía española”.
Una vez incorporados al sistema educativo, los estudiantes extranjeros enfrentan “mayores tasas de repetición, peor rendimiento académico y una mayor exposición al acoso escolar, factores que incrementan el riesgo de abandono y afectan a sus oportunidades futuras”.
Además, el estudio destaca que la discriminación educativa se refleja también en el nivel máximo de estudios alcanzado: la población extranjera tiene menos probabilidades de acceder a estudios superiores. Ello supone una pérdida de ingresos a largo plazo que, según el informe, se cuantifica en 4.800 millones al año.
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