Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública
El Tribunal Constitucional ha anuladola amnistía fiscal del Gobierno del PP aprobada en 2012, al considerar que el decreto mediante la que se aprobó es inconstitucional.
El pleno del Constitucional toma esta decisión por unanimidad, según adelanta El País, admitiendo de esta forma el recurso presentado por el Partido Socialista. Los demandantes denunciaban que la amnistía vulneraba el principio de igualdad.
Sin embargo, nada va a cambiar con los usuarios de la amnistía y que regularizaron sus fondos no declarados a la Hacienda española: para preservar la seguridad jurídica, los magistrados han decidido avalar las regularizaciones que se han realizado desde entonces.
Políticos como Rodrigo Rato, Jordi Pujol o el propio ex tesorero del partido que aprobó el decreto, Luis Bárcenas, han usado esta vía para regularizar su situación tributaria. También el ex número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid aún en prisión cautelar por el caso Púnica, Francisco Granados, entre muchos otros. Todos ellos cargan con importantes cargos por casos de corrupción.
La sentencia que hoy se conoce supone que, si bien estos ususarios del decreto de Cristóbal Montoro se pusieron al día con Hacienda de forma inconstitucional, no deberán afrontar ningún pago adicional. En 2012, y tras el cierre del plazo para que las personas físicas y jurídicas que no habían declarado a la Hacienda Pública todos sus ingresos lo hicieran pagando un porcentaje del 10% de lo aflorado, el ministro de Hacienda admitió que se recaudó menos de la mitad de lo esperado: 1200 millones de euros frente a los 2.500 que anunció el PP.
Al fin de la campaña el balance empeoró: salieron a la luz 40.000 millones de euros, por lo que el gravamen para los que se acogieron a esta amnistía fue sólo del 3%.
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