Fachada del Congreso de los Diputados
Tras la presentación del estudio El derecho de petición en el contexto digital, se pone el foco en el funcionamiento interno de las Cortes Generales y en la falta de mecanismos efectivos para garantizar que las demandas ciudadanas se traduzcan en acciones parlamentarias o respuestas del Ejecutivo.
El informe sostiene que el Parlamento vulnera los artículos 29 y 77 de la Carta Magna
El análisis señala que el artículo 29 de la Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos a presentar peticiones individuales o colectivas, mientras que el artículo 77 regula su tramitación ante las Cortes Generales. Sin embargo, en la práctica, estas solicitudes no generan consecuencias reales.
Según el informe, durante la actual legislatura el Congreso ha recibido 386 peticiones, de las cuales ha derivado 380 a otras instituciones. En el Senado, de las 167 peticiones recibidas, 89 han sido archivadas y 78 remitidas a ministerios u otros organismos administrativos.
| Cámara | Peticiones recibidas | Archivadas | Remitidas a otras instituciones |
|---|---|---|---|
| Congreso | 386 peticiones | 6 peticiones | 380 peticiones |
| Senado | 167 peticiones | 89 peticiones | 78 peticiones |
La mayoría de las peticiones se trasladan fuera del Parlamento sin control sobre su resultado final
El informe subraya que la Comisión de Peticiones del Congreso apenas se ha reunido entre 45 minutos y 3 horas al año desde 2011, una cifra muy inferior a la dedicación de otras comisiones parlamentarias, como la de Presupuestos, que supera las 150 horas por legislatura.
Además, se advierte de que los ministerios reciben menos de una petición al mes, lo que evidencia que las demandas ciudadanas no llegan de forma efectiva al Gobierno ni se traducen en decisiones políticas.
La inoperancia del sistema español provoca que muchos ciudadanos recurran al Parlamento Europeo. España concentró el 23% del total de peticiones presentadas ante la Eurocámara en 2023, situándose como el país con mayor volumen de solicitudes.
También se detecta un aumento del recurso a plataformas privadas como Change.org, ante la falta de confianza en los cauces institucionales nacionales.
Los ciudadanos optan por vías europeas o privadas ante la falta de respuesta de las Cortes
El estudio compara el modelo español con otros parlamentos europeos. En Reino Unido, una petición con 100.000 firmas obliga a un debate parlamentario; en Alemania, con 30.000 firmas se celebra una audiencia pública; en Estonia, con solo 1.000 firmas se activa una consideración obligatoria; y en Escocia no existen umbrales mínimos y hay seguimiento en tiempo real.
En el ámbito autonómico, destaca el Parlamento de Asturias, donde las peticiones consideradas fundadas obligan a adoptar medidas efectivas, así como el Parlamento de Cataluña, que dispone de una plataforma digital propia y permite comparecencias presenciales.
Entre las propuestas del informe figuran la creación de plataformas digitales públicas en las webs del Congreso y el Senado y el establecimiento de umbrales de firmas que activen automáticamente audiencias en comisión, debates en pleno o preguntas orales obligatorias.
También se plantea reforzar la Comisión de Peticiones, vincular las solicitudes con respaldo ciudadano a la agenda legislativa y publicar de forma transparente todas las peticiones, respuestas y su seguimiento.
El documento concluye que “no se trata de crear nuevos derechos, sino de hacer funcionar de forma efectiva los que ya reconoce la Constitución”.
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