La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño
El Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 3 de julio con un paquete de medidas dirigidas a afrontar la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, entre ellas una nueva línea de avales públicos, la creación de un fondo de rescate para empresas estratégicas y el Plan Renove 2020 para la sustitución de vehículos.
En vigor a partir de su publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), la propia Constitución establece que cada decreto ley ha de ser refrendado en el Congreso en un plazo de 30 días hábiles. Además de pronunciarse sobre su convalidación o derogación, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios en las nuevas normas a través de enmiendas.
El citado decreto ley recoge una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros para la realización de proyectos de inversión empresarial en sostenibilidad medioambiental y digitalización y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
Además, aumenta a 100 millones de euros la dotación del Fondo de internacionalización de empresas, gestionado por Cofides, y ha flexibilizado los avales de Cesce de 2.000 millones para cubrir empresas cotizadas, que podrán ser beneficiarias de hasta un máximo del 35% del importe de la línea (700 millones de euros).
Respecto al nuevo Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, nace con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la crisis, y está adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un consejo gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El fondo se articula a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.
Por otro lado, el decreto ley también incluye el nuevo plan Renove 2020, que cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros y ofrece ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la adquisición de un vehículo a cambio de achatarrar uno antiguo, dentro del ‘Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción’ y conforme al criterio de neutralidad tecnológica, de forma que habrá ayudas también para modelos de combustión (diésel y de gasolina).
En función del vehículo adquirido y del tipo de beneficiario, el Renove 2020 dará incentivos de entre 300 y 4.000 euros a la adquisición de un modelo y de dar de baja uno antiguo, a los que se añadirán 500 euros adicionales en caso de que se achatarre un coche de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o de que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales menores de 1.500 euros.
Estas ayudas están disponibles para las personas que hayan adquirido su vehículo, según las condiciones del plan, desde el pasado 16 de junio y la finalización de este programa será el 31 de diciembre de 2020 o cuando se agoten los fondos.
Junto a las anteriores medidas, el decreto ley incluye medidas de apoyo al sector turístico, para el que dispone un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico con una dotación presupuestaria del programa de 216 millones de euros para el ejercicio 2020 y la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.
También la concesión a las empresas dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería que no tengan carácter público y que generen actividad entre los meses de julio y octubre (ambos inclusive) exoneraciones del 50% en las cuotas a la Seguridad Social por los trabajadores fijos-discontinuos que incorporen a la actividad o de los que mantengan su ocupación.
Asimismo, contempla una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, por lo que otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito.
Por otro lado, en él se aprueban los ‘Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos’, instrumento cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos rurales y de interior apoyando la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos con el fin de aumentar su sostenibilidad.
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