El Congreso remite a Delegación del Gobierno la queja de Junts por los incidentes de la manifestación de Jusapol

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha remitido a la Delegación del Gobierno en Madrid la respuesta a las queja de la portavoz de Junts, Laura Borràs, respaldadas por otros grupos minoritarios, sobre los incidentes acaecidos hace ahora una semana durante la manifestación de Jusapol en las inmediaciones de la Cámara.

En aquella convocatoria del 3 de marzo, los policías y guardias civiles que se manifestaban rompieron el cordón policial establecido al inicio de la Carrera de San Jerónimo y trasladaron su protesta a la misma Puerta de los Leones y alrededores.

Borrás remitió una carta a Batet quejándose por los insultos y amenazas que había recibido en la calle por parte de los agentes que se concentraron en protesta por el veto del Gobierno a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado. También denunciaba que se le negara la protección que había solicitado para poder salir de la Cámara Baja.

El mismo martes de la manifestación la propia presidenta del Congreso se puso en contacto con la independentista catalana para interesarse por lo sucedido, si bien en el Congreso remarcan que fuera de las dependencias parlamentarias la seguridad es competencia de la Delegación del Gobierno en Madrid, responsable en todo caso de haber permitido la celebración de la manifestación y del dispositivo desplegado. Ese mismo mensaje se va a hacer llegar a la poirtavoz de Junts en respuesta a su misiva, según confirmaron fuentes parlamentarias.

Paralelamente, Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu, la CUP, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Más País y Compromís enviaron sendos escritos tanto a Batet como a la Mesa del Congreso pidiendo explicaciones sobre criterios de seguridad aplicados ante la manifestación de Jusapol y una depuración de responsabilidades por la negativa a facilitar protección a Junts.

Las fuentes consultadas indican que ese informe se está preparando pero, en todo caso, sigue los mismos criterios de que la Policía del Congreso se ocupa de lo que sucede en el interior de las dependencias parlamentarias, pero no es la responsable del dispositivo de seguridad en las calles de alrededor ni de la autorización o no de manifestaciones.

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