Central Nuclear
La propuesta pronuclear, debatida este martes, exige concretamente al Gobierno que amplíe la vida útil de las centrales existentes en nuestro país, atendiendo a criterios técnicos y económicos.
En otro de los puntos de la moción se insta al Gobierno a solicitar los informes pertinentes a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al operador del sistema eléctrico (REE) para evaluar el impacto económico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la garantía del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Asimismo, se reclama al Gobierno que facilite la «sostenibilidad económica» de las instalaciones nucleares de modo que se refleje el papel fundamental de esta tecnología en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En paralelo, se pide además al Ejecutivo que promueva un diálogo comprometido con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas que se verían afectadas por el cierre de las centrales nucleares, así como con los diversos sectores económicos que también sufrirían su impacto.
Asimismo se urge al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento UE de Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas, que incluye tecnologías de energía nuclear.
Y también que se promuevan las iniciativas legislativas necesarias para la derogación del artículo 10 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según el cual no se admiten nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, ni tampoco se admiten nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de minerales radiactivos.
Por último, el Congreso ha pedido al Ejecutivo que se revise el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y el Protocolo de cierre de las centrales nucleares aprobado en marzo de 2019 y también que se traslade todo lo anterior al Comité Especializado para la Seguridad Energética Nacional y le requiera para la presentación de su propuesta de revisión de la Estrategia de Seguridad Energética nacional atendiendo a dichas consideraciones.
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