Francisco Franco
La anulación de los juicios políticos del franquismo coge cuerpo. PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PNV han mostrado su apoyo este martes a la tramitación una iniciativa legislativa del PDeCAT que busca reformar la Ley de Memoria Histórica para anular estas sentencias. PP y Ciudadanos, en un primer momento, han mostrado su rechazo al considerar que puede provocar situaciones de inseguridad jurídica.
En concreto, la propuesta de la formación catalana plantea la modificación del artículo 3 de la mencionada ley para que, además de la ilegitimidad, se declare la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera de otros órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil para “imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal”. Al mismo tiempo, el PDeCAT reclama que se decrete la nulidad del Tribunal de Orden Público (TOP), del de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos ideológicos o de creencia religiosa.
Una modificación que lanza un guiño a las causas republicanas. Y es que, según ha apuntado Europa Press, la propuesta del PDeCAT apuesta por declarar también “ilegítimas y nulas” las condenas y sanciones políticas “contra quienes defendieron la legalidad institucional” republicana, así como contra aquellos que “pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”. Unas propuestas que han encontrado el rechazo del PP.
El portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez, ha afeado al PDeCAT que quiera meter al Congreso en el “túnel del tiempo” con una iniciativa “muy deficiente”, la cual, a su entender, generará “inseguridad jurídica y confusión”. Una postura menos beligerante ha mantenido el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha anunciado que su formación no se opondrá a la tramitación, aunque duda sobre sus efectos prácticos y ha apostado por “mirar al futuro” tras condenar “la etapa negra” que se inició con el “golpe de Estado contra la República”.
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