Fachada del Congreso de los Diputados
El Congreso de los Diputados se prepara para implementar cambios significativos en su normativa interna con el objetivo de proteger el derecho a la información y salvaguardar la labor periodística.
A partir de la reforma del artículo 98 del Reglamento, impulsada por el PSOE y sus socios parlamentarios (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria), se establece un régimen sancionador frente a conductas que atenten contra la convivencia y el respeto en las dependencias de la Cámara Baja.
De esta manera, se busca poner fin a prácticas consideradas “pseudoperiodísticas”, como interrupciones constantes o grabaciones no autorizadas que perturban el día a día informativo.
La propuesta contempla sanciones que van desde un apercibimiento verbal hasta la retirada definitiva de la acreditación para acceder al Congreso.
Las faltas leves podrían suponer hasta 10 días de expulsión, mientras que las faltas muy graves podrían acarrear la suspensión de la credencial hasta cinco años o su revocación permanente
Además, si la infracción se plasma en una publicación anónima, el Congreso de los Diputados suspenderá todas las credenciales vinculadas a ese medio de comunicación por un tiempo de entre 6 meses y 3 años, impidiendo el reemplazo del sancionado durante la suspensión.
Otro de los puntos clave de la reforma es la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, formado por representantes de cada grupo parlamentario y por organizaciones profesionales del ámbito informativo.
Este órgano tendrá la misión de elaborar un informe sobre las infracciones antes de que la Mesa de la Cámara decida la sanción definitiva
Este mecanismo busca brindar mayor transparencia y participación en el proceso sancionador, garantizando así una respuesta proporcional a las conductas que atenten contra la buena convivencia dentro del Congreso.
La reforma también modifica el artículo 82 para permitir el voto telemático en situaciones excepcionales como embarazo, maternidad o paternidad, atención a familiares dependientes, reuniones internacionales, entre otros supuestos. De esta forma, los diputados no se verán obligados a renunciar a su labor parlamentaria cuando concurran circunstancias que requieran su ausencia física.
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