El Congreso avala el decreto para pagar la indemnización del Castor tras cruzarse reproches los partidos

Tal y como ha explicado en su defensa del decreto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la reciente sentencia del Tribunal Supremo reconoce el derecho de cobro a las tres entidades financieras –Banco Santander, CaixaBank y Bankia– que adelantaron a Enagás la indemnización abonada a Escal UGS (controlada por ACS) por 1.350 millones de euros.

Montero ha incidido en que esta indemnización, con sus correspondientes intereses, «se va incrementando día a día» si no se abona, por lo que ha defendido su desembolso «con especial urgencia».

«Las sentencias hay que cumplirlas, ¿Pero no se podía hacer de otra manera?», se ha preguntado Joan Baldoví (Compromís), que cree que el Gobierno ha buscado «quitarse un problema pero sin que se note mucho». «No lo vamos a votar por dignidad, no podemos ser cómplices de uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años», ha abundado Ferrán Bel, del PDeCAT, que ha exigido la depuración de responsabilidades.

«¿Qué haría un Gobierno no socialista, sino un poco socialdemócrata? Utilizar el estado de alarma para no pagar esta chapuza», ha defendido Jordi Salvador, de ERC, mientras que la portavoz fiscal de Vox, Inés Cañizares, ha lamentado como «inadmisible» la falta de responsabilidades hasta ahora por este proyecto y su daño patrimonial.

Unidas Podemos ha aceptado el cumplimiento de la sentencia «por respeto institucional», pero ha instado a impedir legalmente en la Ley de Cambio Climático que puedan financiarse a este tipo de exploraciones, que los riesgos empresariales puedan descargarse sobre el Estado y cumplir con el desmantelamiento del almacén, aún en pie. «La personas afectadas no han visto a ningún responsable de semejante cagada pedir sinceras disculpas por los quebrantos causados», ha dicho.

Marga Prohens, del PP, ha recordado que la hoy vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue la encargada de firmar la declaración de impacto ambiental del proyecto fallido, que cargos suyos han sido imputados por prevaricación y fraude y que, aunque este caso «se cierre ahora», su indemnización viene siendo abonada en sus recibos por los consumidores de gas en su factura.

«¿De aquellos lodos esta indemnización? No, esta indemnización es porque el Tribunal Constitucional anuló y declaró nula toda esa ingeniería financiera aprobada por el PP para pagar de forma rápida», ha replicado Montse Mínguez, del PSOE, que ha dicho que el decreto se guía «por los principios de legalidad y cumplimiento de sentencia».