El Congreso aprueba la reforma para disolver asociaciones franquistas, con abstención del PP y el voto en contra de Vox

El texto ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, el Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, mientras que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

El PP ha justificado su posición ante la negativa del PSOE y sus aliados a incorporar a la ley sus enmiendas para actuar también contra asociaciones que enaltezcan el terrorismo o humillen a sus víctimas –que también ha recibido críticas por parte de UPN– y también contra las que defiendan otros regímenes totalitarios como el comunismo.

«¿Volverán a esconderse tras la abstención por indiferencia o más bien por connivencia nostálgica con sus prpias raíces personales familiares o como partido político», ha preguntado el socialista Artemi Rallo al ‘popular’ Pedro Puy Fraga.

De su lado, el diputado de Vox Juanjo Aizcorbe ha avisado a quienes han apoyado la reforma y a los «tibios» que han «mirado para otro lado» con su abstención que «deberán rendir cuenta ante la Historia y el pueblo español». «No vamos a permitir que conviertan España en una nación de esclavos ideológicos», ha sentenciado.

MANDATO DE LA LEY DE MEMORIA

Esta proposición de ley busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.

La norma afecta sólo a asociaciones, ya que en el caso de las fundaciones como la Fundación Franco, los intentos de disolución siguen otro camino, pues dependen del Ministerio de Cultura que encabeza Ernest Urtasun, de Sumar, que inició los trámites previos el pasado mes de junio.

No obstante, ante la posibilidad de que la fundación intente transformarse en asociación para evitar su extinción, el PSOE optó por impulsar en paralelo la reforma de la Ley de Asociación, según han explicado fuentes parlamentarias.

En concreto, se va a incluir en la ley vigente una disposición adicional en la citada norma para incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo», bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior», «enalteciendo» a sus dirigentes, siempre que «concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas» del golpe, la guerra o la dictadura o con «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Y, además, se deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que el éste se prevé sólo a efectos de publicidad.

DISOLUCIÓN POR LA VÍA PENAL

La iniciativa original subrayaba que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal «el ejercicio de la acción en este tipo de procesos», pero en la fase de ponencia se introdujo una nueva vía para esa disolución. Fue a través de una enmienda transaccional pactada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG que abría la puerta a la disolución por la vía penal.

«El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia», reza la transaccional.

Además, la enmienda permite reconocer la «legitimación activa» en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura».

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