El Congreso aprueba la nueva Ley de Memoria Democrática en primera votación

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en ‘la nevera’ al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo de ERC, que la considera insuficiente.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria, recoge Europa Press.

El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar el ámbito de aplicación hasta cinco años después de aprobada la Constitución. Eso permitirá reconocer como víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, lo que incluye a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada ‘guerra sucia’ contra ETA hasta el primer año de gobierno de Felipe González.

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura”. Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma “objetiva e imparcial”.

En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.

Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara “ilegal” el régimen franquista y reconoce expresamente que “las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos” alumbraron la democracia.

Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la “represión y persecución” cultural y lingüística del franquismo, declarando “víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega”.

Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.

Todos estos acuerdos han permitido al Gobierno sumar apoyos suficientes para sacar adelante la ley este lunes en la Comisión Constitucional. A los 17 votos que suman PSOE y Unidas Podemos en comisión ha añadido este lunes los del PNV y Bildu, lo que ya les ha dado la mayoría absoluta en la comisión que preside el socialista Patxi López.

Finalmente, Esquerra Republicana se ha decantado por la abstención, pues aunque su portavoz ajunta, Carolina Telechea, admite que ha habido avances en las enmiendas pactadas, creen que faltan cuestiones como fijar una escala de reparaciones económicas, impedir que prescriban los crímenes del franquismo y derogar total o parcialmente la Ley de Amnistía de 1977, que a su juicio sella la “impunidad” del franquismo. “Se sigue sin poder juzgar los crímenes del fascismo”, ha señalado.

Tampoco Junts ha querido dar su apoyo al texto, se ha quedado en la abstención, al considerar que “no cambia nada” para investigar crímenes del franquismo y no declara a Cataluña como “nación víctima” de la dictadura.

En contra se han mantenido el PP, Vox, Ciudadanos y el diputado Carlos García Adanero, de Navarra Suma, que ha representado al heterogéneo Grupo Mixto.

Una vez aprobado por la Comisión Constitucional, el dictamen de la comisión se elevará al ‘pleno escoba’ que se prevé celebrar tras el Debate sobre el estado de la Nación con idea de que llegue al Senado este mismo mes de julio y se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en otoño.

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