Imagen del hemiciclo del Congreso. (Foto: Congreso de los Diputados)
Con el respaldo del PSOE y sus socios parlamentarios, el Congreso ha blindado la versión original de la ley orgánica de disolución de asociaciones franquistas, concebida para reforzar el cumplimiento de la ley de memoria democrática. El intento del PP de reformular la norma desde el Senado, enfocándola en el terrorismo etarra, ha sido bloqueado en la Cámara Baja, en un debate marcado también por reproches al uso político del caso Koldo.
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves de forma definitiva la proposición de ley orgánica que permitirá disolver asociaciones que hagan apología del franquismo, alineando así la legislación sobre el derecho de asociación con los principios de la ley de memoria democrática. La norma ya había sido respaldada en una primera votación en la Cámara Baja antes de pasar por el Senado.
En su paso por la Cámara Alta, el PP, con mayoría absoluta, había introducido modificaciones profundas, planteando una reforma del Código Penal para ilegalizar asociaciones relacionadas con ETA, lo que implicaba una alteración sustancial del espíritu original de la ley.
La nueva legislación contempla expresamente la disolución de asociaciones que ensalcen la dictadura franquista, adaptando el derecho de asociación a los valores democráticos
Las enmiendas propuestas desde el Senado solo contaron con el apoyo del PP, Vox y UPN, por lo que fueron rechazadas por la mayoría que conforman el PSOE y sus socios de investidura. Esto ha permitido que la norma se apruebe finalmente sin cambios, en la forma en que fue concebida por los socialistas.
Desde la bancada progresista, se ha reprochado al PP su falta de contundencia frente al franquismo y su intento de “desvirtuar” la ley, según palabras de varios diputados. Además, el debate parlamentario ha estado salpicado por alusiones cruzadas al caso Koldo, utilizado como arma arrojadiza entre los grupos.
La ley supone una actualización del marco jurídico español para cerrar el paso a asociaciones que promuevan o glorifiquen la dictadura franquista. Se trata de una reivindicación histórica de movimientos memorialistas y forma parte de la agenda legislativa del Gobierno de coalición progresista.
La iniciativa se enmarca dentro del objetivo de garantizar que el espacio público y asociativo respete los valores constitucionales y la memoria de las víctimas del franquismo. La norma también refuerza el compromiso institucional con el legado de la ley de memoria democrática, aprobada en 2022.
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