Fachada del Congreso de los Diputados
El texto, al que se han incorporado más de 200 enmiendas de las casi 600 que han registrado los distintos grupos, y más de 70 transaccionales, ha sido aprobado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG. Por su parte, Vox y del PNV han votado en contra y PDeCAT y EH Bildu se han abstenido, según Europa Press.
Tras su votación en el Pleno del Congreso, el proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia tendrá que seguir su tramitación en el Senado.
Uno de los últimos cambios introducidos en el texto es la ampliación de la edad a partir de la cual comienza a contar el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores.
El texto inicial contemplaba elevarla de los actuales 18 años de la víctima a 30 años, pero ahora este umbral se eleva hasta los 35 años gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Más País y BNG. Actualmente, el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores empieza a contar cuando la víctima cumple la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
Entre las modificaciones incorporadas a la ley también destaca la eliminación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), -por el que algunos padres acusan a su expareja de manipular a su hijo en su contra-.
Asimismo, se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años del menor afectado, para evitar su revictimización.
Igualmente, se amplía de 6 a 12 meses el plazo para el cese de tutela de la administración sobre los menores en situación de desamparo que hayan abandonado voluntariamente el centro de protección y se encuentren en paradero desconocido.
Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno el pasado mes de junio, y que fue bautizado por el exvicepresidente Pablo Iglesias como ‘Ley Rhodes’ -por el pianista del mismo apellido, que sufrió abusos en su infancia-, destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.
Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea una nueva figura, la del ‘coordinador de bienestar y protección’ que deberá estar en todos los colegios; establece la obligación para los centros de menores tutelados de fijar para prevenir los casos de abusos, y aborda el problema del bullying.
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