“En la administración general del Estado”, critican estas asociaciones, “Justicia es la cenicienta”. “Las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad”, sostienen.
Así, tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo (las Asociaciones Judiciales) y 4 de abril (las Asociaciones Fiscales) anuncian su intención de “elaborar” un calendario de “medidas de presión”.
Las asociaciones convocantes de este paro, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, recuerdan que el pasado octubre el ministerio desconvocó sin explicaciones la llamada Mesa de Retribuciones. Un órgano, explican, legalmente previsto para la revisión de las retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal. Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales también suscriben el comunicado conjunto en el que se anuncia la huelga, aunque por ahora no se suman.
“Compartiendo el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento actual de nuestro sistema judicial (incluyendo las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal)”, aseguran ambas, creen oportuno “esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo”. Eso sí, dejan claro que no renuncian a adherirse a la convocatoria de huelga “en función de su resultado”.
En las reuniones mantenidas hasta ahora con el departamento de Pilar Llop celebradas durante la huelga de los letrados –el 31 de marzo y el 4 de abril— estas asociaciones afean a Justicia la “falta de propuestas concretas”. “La actitud prudente, callada y responsable que hemos mantenido hasta ahora, desde hace más de un año”, sostienen, “no ha dado fruto alguno, sin que ni siquiera se nos haya permitido hablar directamente con Hacienda”. De ahí la huelga anunciada.
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