El conflicto de la seguridad privada ‘low cost’ se extiende al Metro de Madrid

El modelo de licitación y adjudicación pública en la Comunidad de Madrid no ha tenido hasta ahora ninguna cláusula que exija el cumplimiento de los convenios laborales. La única premisa para decidir a qué empresa se adjudica un contrato público parece ser siempre el monetario. Cuanto más baja sea la oferta privada, más posibilidades tiene de obtener el contrato.

Así ha sucedido en la mayoría de colegios, en numerosos servicios de hospitales y en la seguridad privada del Metro de Madrid. Tal y como sucede a los trabajadores de Eulen del Aeropuerto del Prat, los vigilantes de seguridad privados del Metro de Madrid trabajan en condiciones que no se ajustan a su derecho laboral.

Sueldos de 800 euros netos, retrasos en las nóminas y horas extras cobradas a un euro. Esa es la realidad que viven los vigilantes de la Seguridad Integral Canaria (S.I.C), empresa responsable de la seguridad de la Zona Centro, Metro Sur, Línea 11, Suroeste de Línea 5, Línea 10 y parte de la línea 6.

S.I.C. es la prestataria de los servicios de vigilancia en esas zonas. Cerca de 400 vigilantes de esa compañía garantizan ‘a bajo coste’ la seguridad de las instalaciones, bienes y personas.

Seguridad Integral Canaria informó hace varias semanas su intención de abandonar el mercado de la vigilancia. Sin embargo, no se informó del futuro que les aguarda a los vigilantes tras esa decisión.

Ante la posibilidad de que los vigilantes de seguridad de SIC de la red de Metro dejen de percibir sus salarios, UGT anticipa que habrá conflicto laboral en la seguridad del Metro de Madrid.

Cumplimiento de convenio y derecho laboral

Valle Sanz, Responsable UGT en SIC, denuncia en un comunicado que esa compañía privada de seguridad privada «es un claro ejemplo, no el único, de una oferta de seguridad low cost, que tiene como estrategia empresarial situarse en posiciones de dominio en el mercado a partir de rebajar precios, situando a los trabajadores en un marco de relaciones laborales muy regresivo».

El sindicato asegura que para evitar el conflicto, la dirección de Metro Madrid (Comunidad de Madrid) debe incluir cuatro premisas:

Ceder el contrato de S.I.C a otra empresa, siempre y cuando esa empresa no sea ni Marsegur ni Sinergias (comparten asociación profesional con S.I.C. Además, UGT exige el cumplimiento del convenio colectivo estatal y el mantenimiento de todos los derechos de los trabajadores.

UGT denuncia la contratación pública por parte del Gobierno de Cristina Cifuentes que, «bajo apariencia de legalidad, esconde precariedad en el empleo» y exige «que se termine con esta suerte de dumping social que tiene como objetivo eliminar derechos y bajar salarios de los trabajadores».

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