Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunirá a las 16.00 horas de este jueves, incluye en su orden del día una petición de amparo realizada a este órgano por el instructor en el Tribunal Supremo de la causa del ‘procés’ independentista en Cataluña, Pablo Llarena, frente a la citación para el próximo 4 de septiembre que le ha realizado un juez belga, han señalado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
La petición de amparo, en la que reclama medidas que restauren su independencia judicial, la realiza Llarena en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsjeros, que acusaron al juez español ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.
Llarena, que pese a haber sufrido ataques en su lugar de residencia en Cataluña por parte de independentistas hasta el momento no se había dirigido al CGPJ en demanda de ningún amparo, sí lo hace frente a la citación del juez belga. Los vocales de la Permanente responderán previsiblemente esta tarde a su petición.
El amparo se demanda además pese a que a finales del pasado mes de junio el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, rechazó tramitar la petición argumentando que se fundamenta en un Reglamento del Consejo de la Unión Europea que exceptúa la obligación de tramitar este tipo de notificaciones entre países miembros cuando “afectan a la responsabilidad del Estado en el ejercicio de su autoridad”, como es el caso.
El expresident y los exconsejeros huidos a Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig– y a Escocia -Clara Ponsatí– interpusieron a principios de este mes una demanda civil conjunta ante la justicia belga contra Llarena por una supuesta “falta de imparcialidad” y por vulnerar su presunción de inocencia. Basándose en esta demanda, los investigados por presunta rebelión en el proceso independentista recusaron al magistrado ante el Tribunal Supremo.
La respuesta del juez decano de Madrid -al que le correspondía este trámite por figurar la sede del Tribunal Supremo en la capital como domicilio al que localizar a Llarena- consistió en decirle al juez belga que no procede citar a Llarena en cumplimiento del artículo 1 del Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Este artículo establece las excepciones de cumplimiento cuando un documento judicial o extrajudicial en los ámbitos civil o mercantil deba transmitirse de un Estado miembro a otro. “No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, o a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad”, señala la norma, siendo de aplicación a este caso la última de las salvedades señaladas.
Puigdemont y el resto de investigados se han basado en ella para pedir al Supremo que aparte de la causa a Llarena “ya que el hecho de tener “una causa pendiente” con “una de las partes” es “motivo suficiente” para considerar su falta de imparcialidad, según explicó en su día Comín.
En su demanda, los procesados por Llarena reclaman que se obligue éste a pagar una “multa simbólica” de un euro “para reparar el daño causado”, según explicó el pasado 5 de junio uno de los abogados belgas de los exconsejeros, Christophe Marchant.
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