Mariano Rajoy y Angela Merkel
La decisión de la Justicia alemana de poner en libertad bajo fianza al ex presidente catalán Carles Puigdemont, procesado en España por delitos vinculados a su plan soberanista, generó el fin de semana irritación y roces entre Madrid y Berlín, dos Gobiernos que mantenían hasta ahora una buena sintonía. «En el Ejecutivo español no se oculta el enorme malestar con esa decisión judicial» alemana, publicó hoy el diario «El País», que habló de «serias grietas» entre los Ejecutivos de ambos países y de «desconcierto» y «enfado» en las filas de Mariano Rajoy.
La puesta en libertad de Puigdemont este viernes tras 12 días detenido en el norte de Alemania por una orden europea de detención cursada por España sacudió toda la estrategia del Gobierno y la Justicia españoles contra la escalada independentista en Cataluña, la mayor crisis institucional reciente en el país.
Mientras un sonriente Puigdemont difundía la versión independentista de lo ocurrido estos meses ante decenas de periodistas en Berlín el sábado, la irritación era patente en la convención nacional del Partido Popular (PP) de Rajoy celebrada el fin de semana en Sevilla, sur de España.
«Si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido», lanzó el portavoz europeo del PP, Esteban González Pons, citado hoy en la prensa. «Si la UE sirve para que unos Estados cuestionen a otros, la UE pierde su función».
También perplejidad y enfado generaron las palabras de la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, que en una entrevista consideró «absolutamente correcta» la decisión del tribunal alemán y adelantó incluso que no sería «fácil» para España justificar el otro delito que se imputa a Puigdemont, malversación.
Si eso no ocurriera, añadió, la orden de detención cursada por España será levantada «y entonces Puigdemont será un hombre libre en un país libre, o sea, en la República Federal Alemana».
El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, tachó el sábado de «desafortunadas» esas palabras y recordó que la orden de detención europea busca precisamente que este tipo de cuestiones queden «entre jueces» y ajenas a «opiniones políticas».
El jefe de la diplomacia española matizó hoy sus críticas e insistió en que España busca «despolitizar» el caso. «Por lo tanto, no vamos a seguir alimentando ningún tipo de historial o historia de tensión. Es un diálogo entre jueces y en eso lo vamos a dejar», zanjó.
Menos contención mostraron algunos comentaristas en la prensa española. El conocido periodista radial y de medios escritos Federico Jiménez Losantos especuló en un editorial con que España responda con «todo tipo de fechorías» la decisión alemana. «En Baviera pueden empezar a estallar cervecerías», llegó a decir. La Policía alemana estudia la amenaza, según confirmó a dpa.
Puigdemont, el ex líder catalán que llevó al extremo el plan para separar la región del resto de España, fue arrestado el 25 de marzo en el norte de Alemania por la euroorden activada por España. En Madrid se consideró una buena noticia: la cooperación policial entre ambos países es buena, al igual que la relación entre sus Gobiernos.
Sin embargo, la audiencia regional del estado federado de Schleswig-Holstein sorprendió el jueves decidiendo dejar en libertad bajo fianza a Puigdemont y descartando además el cargo de rebelión, el más grave que se le imputaba. La decisión fue celebrada como un triunfo por los independentistas.
En un intento de rebajar el impacto de ese revés, Rajoy consideró hoy un éxito su gestión de la crisis catalana. «Quisieron romper la unidad de España y no lo han conseguido. Quisieron declarar una república y han fracasado. Plantearon un desafío al Estado y nuestras instituciones mostraron su fortaleza», sostuvo en Sevilla.
«Más pronto que tarde, todo lo que estamos viviendo será un recuerdo», prometió el mandatario conservador al clausurar la convención de su PP.
Pero la presión independentista sigue en aumento: el Parlamento catalán intentará los próximos días investir presidente de la región al diputado Jordi Sànchez, que lleva medio año en prisión preventiva y en principio no podría asistir a la investidura: otra imagen que los soberanistas usarán para denunciar la «persecución» de España.
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