El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, llega al Tribunal Supremo para declarar, a 17 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
La investigación por presuntas mordidas en contratos de emergencia ha pasado de la tensión política a un proceso marcado por los detalles patrimoniales y personales. La irrupción de Perles con nuevas revelaciones, la pugna judicial de Cerdán y las maniobras de Koldo García coinciden con la presión del Supremo y el despliegue técnico de la UCO.
Perles ha señalado a Koldo como “topo de Cerdán” en la vida de Ábalos y ha descrito pagos en efectivo que, según ella, se movían de manera opaca dentro del círculo del ministerio.
Su aparición pública ha cambiado la percepción del caso al situar en primer plano la dimensión personal de la trama
Ábalos, por su parte, sostiene que se enfrenta a un “juicio paralelo” y pidió suspender la emisión de la entrevista de su exesposa, un recurso que los tribunales han rechazado.
Cerdán ha solicitado por segunda vez su libertad provisional después de más de 70 días en prisión, alegando falta de pruebas incriminatorias directas.
Koldo García se ha acogido al silencio y ha pedido al Supremo que secuestre los audios en los que aparece, al advertir que vulneran su intimidad y la de su familia.
Su estrategia busca frenar la expansión de grabaciones ya presentes en el sumario
El Supremo, mientras tanto, ha reclamado al PSOE, al Congreso y a varias instituciones datos sobre pagos y donaciones. “La exigencia judicial pretende trazar un mapa financiero clave para sustentar futuras imputaciones”
Los informes de la UCO muestran que Cerdán gestionaba pagos millonarios hacia Koldo y Ábalos, con mordidas documentadas en proyectos como la Ronda Sur de Logroño.
Grabaciones de 2019 recogen a Koldo solicitando “algo de dinero” y mencionando repartos de 60.000 euros.
El reparto apuntado era de 50.000 para Ábalos y 10.000 para él mismo
En otras cintas, se escuchan discusiones en las que Cerdán advierte a Koldo de no hablar de ciertos temas.
La UCO ha incautado 169 dispositivos electrónicos en los que espera encontrar documentación adicional sobre adjudicaciones de contratos.
Un informe tributario revela que en 2020 la empresa Servinabar pagó 22.000 euros a una hermana de Cerdán sin justificación clara.
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