Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército
La defensa del exteniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército el pasado mes de diciembre, pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre las medidas disciplinarias impuestas a este militar por denunciar públicamente la corrupción.
La expulsión del Ejército del exteniente Luis Gonzalo Segura llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este órgano, con sede en Luxemburgo, tendrá que pronunciarse sobre este caso después del recurso presentado ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por el grupo de abogados que defiende al ex militar. En este recurso la defensa de Segura, liderada por el letrado Josep Jover, plantea una cuestión prejudicial a ese tribunal europeo.
Los abogados del exteniente han pedido al Tribunal de Justicia Europeo que diga si las medidas disciplinarias impuestas a un militar por denunciar públicamente la corrupción son compatibles con la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre 2000. Dicha Directiva “prohíbe la discriminación por motivos y convicciones y opiniones políticas”, según explica la Plataforma X la Honestidad en un comunicado.
En el caso de que este órgano contestara positivamente, los letrados del exteniente plantean si la aplicación de la Ley Orgánica 8/2014 de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (LORDFAS) por denunciar la corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas es contraria al Derecho Europeo, y especialmente al Artículo 11, que protege la libertad de expresión incluso frente a las injerencias del Estado.
Si nuevamente la respuesta fuera positiva, conduciría a una tercera cuestión sobre si la jurisdicción militar española es contraria al artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), que versa sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. “Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo”, se afirma en el mencionado artículo.
España, según la defensa del exteniente Segura, “no planteó ninguna reserva sobre los funcionarios militares, por tanto, legalmente, no tienen ninguna limitación en su libertad de expresión, limitación que tienen, en algunos sentidos, los policías”.
Para terminar, los letrados se preguntan si “es correcto que el enjuiciamiento de hechos relativos a la corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas corresponda a la jurisdicción militar”, teniendo en cuenta el artículo 47 de la mencionada Carta de Derechos Fundamentales.
El presidente de la Plataforma X la Honestidad, Pedro Arancón, denuncia en el mencionado comunicado que “la corrupción es una mancha transversal, que afecta más a las instituciones que se han conservado más opacas y jerarquizadas como el Ejército”. “Que haya jueces militares impuestos directamente por la ministra de Defensa (María Dolores de Cospedal), y que su carrera dependa de la subordinación a la misma, es todo, menos normal”, afirma el responsable de la organización, que protege a denunciantes de corrupción como el propio Luis Segura, Ana Garrido (Gürtel) o Azahara Peralta (Acuamed).
Arancón explica la decisión de llevar el caso del exteniente ante el Tribunal de Justicia de la UE señalando que el Tribunal Central Militar cuenta con “dos jueces que son jurídicos militares y uno que no lo es, al que designa directamente” la ministra.
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