Centeno
Tal y como avanzó El Boletín hace unas semanas, los agricultores españoles querían seguir los pasos de sus homólogos germanos, que por entonces, copaban las noticias con sus protestas –ahora son los franceses. Y así lo harán. Denunciarán que el sector agrario en Europa y en España está sumido “en una frustración y malestar creciente” ante “las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE”.
“Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España”, critican las tres organizaciones agrarias en una nota conjunta. En su opinión, “estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia”.
“Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, subrayan. Sin embargo, afean a la UE que sigua cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, “que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE”. En este sentido, Asaja, COAG y UPA, van a reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.
Además, defienden que el Gobierno de España debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados “cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio”. “Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, sostienen las tres organizaciones agrarias.
Junto a esto, también piden una “flexibilización y simplificación” de la actual PAC, ya que “la excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental”.
Por otro lado, las tres organizaciones reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, sostienen que la AICA- Agencia de Información y Control Alimentario- debería de aplicar “sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control”.
“En España, la Ley de la Cadena Alimentaria se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación”. Según afirman, el Observatorio de la cadena debe publicar los índices de precios y costes, además de actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora.
Asimismo, se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que “se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE”.
Respecto a las Comunidades Autónomas, demandan a estas administraciones reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que “ahogan” a los profesionales del campo.
A estas últimas como al Gobierno central exigen un “reforzamiento real” de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la “gran jubilación en el campo”.
De esta manera, defienden que “ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizarse por falta de presupuesto”, “frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario” y “facilitar el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores”. Por último, proponen “replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios”.
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