Suplemento en lengua catalana del BOE del lunes 2 de diciembre de 2024 / Foto: Europa Press
El convenio prevé que se traduzcan el sumario, así como las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, los reales decretos-leyes, los reales decretos legislativos, la transposición de directivas de la Unión Europea, reglamentos ejecutivos y otras disposiciones generales que alguna conselleria de la Generalitat haya solicitado publicar en catalán.
El suplemento se publica exclusivamente de forma electrónica y debe recoger la traducción del sumario íntegro del apartado ‘Disposiciones generales’ y todo el contenido que deba traducirse conforme a lo acordado en el convenio.
Las disposiciones que no forman parte del convenio y no se traducen aparecen vinculadas al documento en castellano.
La edición de este lunes tan solo recoge las dos disposiciones generales que ha publicado el BOE este lunes, referentes a dos leyes del Principado de Asturias, motivo por el cual tan solo se ha traducido el sumario de las mismas y no el texto normativo.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno, Félix Bolaños, lo ha celebrado con un mensaje en ‘X’ escrito en catalán, recogido por Europa Press: «España es un país con distintas lenguas, una riqueza enorme que cuidamos desde el Gobierno. Así se construye un país unido y donde todos cabemos».
El BOE empezó a publicar en catalán en 1998 tras la firma de un convenio entre la Generalitat y el Gobierno, dando cumplimiento a un al Real Decreto 489/1997 que contempla la publicación de las normas a las lenguas cooficiales.
El convenio se prorrogó sucesivamente hasta que quedó extinguido en octubre de 2020, y el suplemento dejó de publicar el 27 de mayo de 2021, mientras que los suplementos en gallego y en vasco dejaron de publicarse en octubre de 2021, y no se han recuperado.
La Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, encargada de la publicación del Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña, es el organismo encargado de la traducción de los textos, por un importe máximo anual de 273.000 euros que asume el BOE, adscrito al ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Se establece que el importe durante el primer año de vigencia del convenio los costes de traducción se calcularán con el importe de 0,030 euros por palabra traducida, un importe revisable a futuro, pero que no puede superar los 273.000 euros anuales.
El convenio tiene una vigencia de 4 años y puede ser prorrogado por acuerdo unánime del Gobierno y la Generalitat por hasta 4 años adicionales.
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