El Gobierno ha dado luz verde a la actualización de las retribuciones públicas, pactada con UGT, CSIF y CCOO, que forma parte del acuerdo salarial global para el periodo 2025-2028. El Real Decreto-ley permite abonar este mismo mes los atrasos correspondientes a 2025 y establece las bases para la aplicación de los incrementos previstos para 2026. En total, la subida global pactada alcanza el 11%, aunque los sindicatos calculan que el efecto acumulado podría llegar al 11,5%.
La AGE abonará en diciembre una paga única a 540.000 empleados públicos con los atrasos desde enero
La norma establece una subida consolidable del 2,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024. El pago será inmediato para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), que recibirán en diciembre una nómina adicional con los atrasos devengados desde enero.
El acuerdo vincula a los casi 3,5 millones de empleados públicos, pero cada administración fijará su propio calendario de pago
La subida del 2,5% tendrá efectos retroactivos para todas las administraciones públicas, aunque comunidades autónomas y ayuntamientos deberán acordar con los sindicatos la forma de abono, que podrá extenderse entre 2026 y 2028 o realizarse en diciembre de 2025.
Para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, el empleado recibirá unos 1.140 euros adicionales por atrasos.
El acuerdo salarial firmado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos recoge el siguiente calendario de incrementos:
| Año | Incremento salarial previsto |
|---|---|
| 2025 | 2,5% |
| 2026 | 1,5% fijo + 0,5% variable según IPC |
| 2027 | 4,5% |
| 2028 | 2% |
Los sindicatos estiman que el alza acumulada puede alcanzar el 11,5% si se activan los tramos variables vinculados al IPC
Para 2026 se fija un incremento consolidable del 1,5% desde el 1 de enero. A esta cifra se sumará un 0,5% adicional si la inflación cierra el año igual o por encima del 1,5%. En caso de cumplirse esta condición, el pago se hará efectivo en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.
Entre diciembre de este año y enero de 2026, los salarios públicos habrán aumentado un 4% acumulado.
Aunque la norma entra en vigor este miércoles, deberá ser convalidada en el Pleno del Congreso de la próxima semana, el único programado en diciembre. La votación se adelanta para evitar el parón derivado de la campaña electoral extremeña y las festividades navideñas.
Si el Congreso no valida el decreto en el plazo de un mes, la norma quedaría derogada pese a su entrada en vigor inmediata
La publicación en el BOE formaliza un incremento que afectará a toda la estructura pública y que marca el inicio de un ciclo salarial de cuatro años con revisiones ligadas a la evolución de la economía y la inflación.
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