El Banco de España ve «daños estructurales» en la economía y pide extender los ERTE y avales públicos

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado este martes de que se aprecian «daños estructurales» en la economía y ha pedido no efectuar una retirada «prematura» de los estímulos fiscales, sino extender temporalmente y recalibrar algunas medidas ya adoptadas, como los ERTE por sectores o los avales públicos.

Asimismo, apuesta por implantar una estrategia a medio plazo de consolidación fiscal una vez se recupere el crecimiento sostenido, así como una agenda de reformas estructurales «ambiciosa» que pase por introducir figuras como contratos de despidos crecientes, la mochila austriaca o una revisión del sistema educativo.

Estas han sido algunas de las directrices citadas por Hernández de Cos durante su comparecencia ante la Comisión Para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso, en la que ha explicado que tras la etapa de hibernación, se inicia una segunda fase en la que la economía está empezando a reactivarse de forma gradual conforme a la desescalada, si bien la disrupción es «la mayor en tiempos de bonanza».

Hernández de Cos ha mantenido las previsiones de una caída de la economía de entre el 16% y el 22% en el segundo trimestre, con una previsión de un retroceso económico de entre el 9% y el 15,1% este año, avisando además de que la crisis afecta a «elementos estructurales» .

Por ello, ha pedido «unidad» entre los políticos y ha subrayado que el apoyo a la recuperación no aconseja efectuar una retirada «prematura» de los estímulos fiscales y las medidas de apoyo en general, ni monetarias, ya que aumentaría el riesgo de daños «más duraderos» en la economía.

En el corto plazo, cree que hay que extender «temporalmente» y «recalibrar» algunas medidas ya adoptadas, como mantener las relativas al apoyo a las rentas de hogares y colectivos vulnerables, pero «refocalizando» con un diseño que no distorsione las decisiones de participación laboral.

En concreto, ha citado la extensión de los ERTE a algunos sectores o empresas que seguirán «muy afectados» en los próximos meses y asegurar mecanismos de flexibilidad a las empresas.

También ha indicado la necesidad de mantener las líneas de apoyo público a la liquidez, ya que los datos de abril muestran un repunte del 90% del flujo de nuevo crédito de entidades bancarias a empresas y los datos preliminares de mayo apuntan en la misma dirección, sin embargo dependiendo de la evolución económica, las empresas más afectadas «podrían encontrar dificultades para acceder a la financiación» en los próximos meses.

También ha pedido que haya «nuevas medidas» que pasan por las políticas activas de empleo y la formación de los trabajadores suspendidos temporalmente para mantener su empleabilidad, al tiempo que ha insistido en la necesidad de reforzar el sistema educativo y revisar los procesos de reestructuración e insolvencia.

En este sentido, ha pedido el acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con la actividad cuando se trate de empresas viables.

En paralelo, ha reclamado una estrategia «ambiciosa, temprana, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal», citando varias medias en distintos ámbito como el laboral y explorando figuras como la de contratos con costes de despido crecientes, que puede constituir «un buen punto de partida en la discusión sobre el diseño de un nuevo marco regulatorio».

También aboga por estudiar modelos mixtos que combinen la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo (como la «mochila austriaca») mientras el trabajador mantiene el empleo, con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente según la experiencia acumulada.

El gobernador del Banco de España ha incidido en la necesidad del diseño de una estrategia de consolidación fiscal y su implementación a medio plazo cuando se recupere el crecimiento sostenido, con una revisión «exhaustiva» de los objetivos presupuestarios y los plazos y una revisión «integral» del sistema impositivo para mejorar la capacidad recaudatoria», ante la previsión de una deuda pública que podría alcanzar el 120% del PIB.

Acceda a la versión completa del contenido