Banco Popular
Según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press, los peritos analizan una muestra de cien inmuebles, concluyendo que solo en doce de ellos la tasación realizada por el Banco Popular fue la correcta, mientras que en el 88% restante hubo «multitud de errores, defectos y deficiencias, tanto cuantitativas como cualitativas».
Los expertos consideran que las valoraciones reflejadas en esos 88 casos no son admisibles por varios motivos, tales como que no las realizaron sociedades de tasación homologadas, que no se ciñen a los parámetros de la normativa ECO o que algunos inmuebles se hacen constar como propiedad 100% del Popular cuando el banco poseía un porcentaje inferior.
Con todo, el Popular tasó ese centenar de inmuebles en más de 364 millones de euros, cuando los peritos consideran que se debieron valorar en 135 millones de euros menos.
Además, llaman la atención sobre el hecho de que en 26 de esos 88 casos ni siquiera hay una tasación alternativa, por lo que respecto de estos inmuebles no se ha podido calcular el desvío en la valoración contable.
Así, identifican ese ‘extra’ de 135 millones de euros por la diferencia entre los 221.237.600 euros en los que el banco cifró los 62 inmuebles que sí tienen esa segunda tasación y el valor neto contable alternativo, que alcanza los 86.050.726 euros.
Este informe es uno de los muchos que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha venido encargando para arrojar luz sobre una causa en la que investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: Una que abarca las presuntas irregularidades contables en 2016, con la ampliación de capital, y otra que atañe a las filtraciones a prensa de un año después y que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
A mediados de diciembre, el juez Calama ya recibió otro informe elaborado por peritos del Banco de España que revela que la entidad financiera debió calificar como «dudosas», no como normales, las operaciones con las sociedades en Luxemburgo de Thesan Capital, y que llevaron a un déficit de provisiones que los expertos estimaron en unos 521 millones de euros.
Con ello, desde su punto de vista, el Popular produjo un «perjuicio a los accionistas», al tiempo que indicaron que el comportamiento del banco podría haber llevado a que «incurriera en gastos innecesarios o renunciara a beneficios en favor de terceros».
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