17-11-2021 El entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) Fermín Oslé a su llegada al juicio para declarar por la enajenación de 1.860 viviendas protegidas en su mandato, en la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). Es uno de los acusados que declaran en el juicio por la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas al fondo de inversión de Blackstone y está procesado por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
El juicio contra el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides ha entrado este lunes en su recta final con la exposición de los informes finales. La acusación que ejercen los afectados, a través del letrado Mariano Benítez de Lugo, ha mantenido su solicitud de penas de hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
El grupo municipal socialista, a través de sus letrados, ha rebajado las penas pero ha aumentado la petición de indemnizaciones. En concreto, solicita doce años de cárcel para Oslé por fraude, malversación y prevaricación y un año de prisión para Benavides por fraude.
Sostiene esta parte que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar y que no existió una real concurrencia de los eventuales compradores dada la información privilegiada que tuvieron las compañías.
«Fue el comprador y no la EMVS quien fijó el precio de la compraventa de viviendas», recoge el escrito de acusación del PSOE, que añade que «el precio resultó objetivamente inferior al precio que podría obtenerse incluso al mero valor contable de las viviendas».
UNA RETIRADA QUE NO SORPRENDE
El letrado de la EMVS, que representa al Ayuntamiento de Madrid, retiró el pasado viernes la acusación que ejercía contra los encausados al considerar que el juicio ha acreditado que no existe responsabilidad penal, en la misma línea que mantiene el fiscal del caso.
Esta retirada no ha sorprendido a las otras acusaciones particulares dado que ya se produjo un cambio de abogado cuando el Ayuntamiento de Madrid pasó a manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida.
Según el abogado de la EMVS, las viviendas no se enajenaban, sino que se trataba de un negocio. Además, sostiene que el valor de la tasación que realizó la consultora Price Waterhouse era correcto, ya que la mayoría de las ofertas oscilaban entre una horquilla de 117 y 135 millones de euros.
En su exposición, el abogado de las víctimas ha aseverado que la adjudicación de la venta al fondo Blakcstone estaba «cocinada» desde el principio, meses antes del concurso de acreedores.
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