El responsable del Área de Economía y Hacienda y de la Junta Municipal de Centro del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, anunció hace unos días la voluntad de su equipo de gobierno de crear nuevas empresas públicas en la ciudad de Madrid, una vez liberados de la ‘Ley Montoro’ que impedía su creación.
Según informa García Castaño a EL BOLETÍN en una entrevista que se publicará este sábado, el Ayuntamiento de Madrid estudia que una de esas empresas sea una sociedad pública dedicada a la energía, ahorro y eficiencia energética.
La idea del equipo de gobierno del Área de Economía es que esa empresa pública gestione tanto los servicios medioambientales como los contratos de energía del Ayuntamiento. A día de hoy no se han concretado las competencias que tendría esa sociedad, si bien no parece que esté entre los planes hacer de ella una empresa comercializadora, como sí ha llevado a cabo Ada Colau con Barcelona Energia, que suministra electricidad a través de la empresa pública Tractament i Selecció de Residus SA (TERSA).
Uno de los principales inconvenientes para la creación de esta empresa pública, más allá de la ‘Ley Montoro’ que ha impedido a las administraciones municipales vigiladas la creación de sociedades públicas, son los tiempos administrativos.
“Es un tema que va a depender de decisiones políticas y de plazos administrativos”, confiesa Jorge García Castaño a este diario. “No puedo decirte si vamos a llegar antes de que acabe la legislatura, pero es una demanda clara”, esgrime el responsable del Área de Economía del Ayuntamiento de Madrid.
Cuando Carmena ‘derrotó’ a las principales eléctricas
El Ayuntamiento de Madrid logró hace menos de un años que la Administración avalase el concurso eléctrico que exige contratar a empresas de energía 100% renovable para el suministro de los edificios municipales.
Un contrato anual de unos 80 millones de euros para dos años en el que Ahora Madrid incluyó el requisito de adjudicar el servicio a empresas que distribuyan energía sin emisiones en su totalidad.
Ante esta cláusula interpusieron recurso Endesa, Gas Natural e Iberdrola en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. El contrato municipal diseñado por el equipo de Manuela Carmena exige al adjudicatario comercializar únicamente energía limpia, lo que excluye a las grandes eléctricas de la lista.
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