El Ayuntamiento de Madrid desembolsó alrededor de 1,3 millones por la supuesta compra e instalación de 112 cámaras de seguridad en los túneles de la M30 que nunca existieron.
Según avanza El Mundo y Cadena Ser sobre los sobrecostes en la obra más representativa de la alcaldía de Alberto Ruíz- Gallardón, la planificación inicial proyectó la puesta en marcha de una red de videovigilancia de 1.090 cámaras en forma de circuito cerrado de televisión para la vigilancia desde el centro de control. Se pagó por todas ellas, pero solo se instalaron 978, según fuentes municipales.
Cada cámara ronda un precio de 11.000 euros, por lo que el consistorio calcula un desembolso de las arcas públicas “totalmente injustificado” de algo más de 1,3 millones, según el equipo de la actual alcaldesa, Manuela Carmena. El consistorio liderado por Ahora Madrid ha examinado los contratos de obras y sus modificados posteriores para que este supuesto nuevo desfalco sea tratado en la tercera sesión del a comisión de investigación que hoy se celebra en el Ayuntamiento, y que se centrará en la millonaria infraestructura.
La actual sociedad Madrid Calle 30 está conformada en un 80% por el Ayuntamiento y en un 20% por un socio privado, EMESA, que ya ha sido expedientado por el consistorio una decena de veces, y acumula multas cercanas al millón de euros por incumplimientos contractuales.
Según los cálculos del equipo de Gobierno respecto a los sobrecostes totales de la M30 y que esta comisión trata de investigar políticamente, el precio final de los túneles fue un 63% más sobre lo presupuestado. Supuso un encarecimiento de más de 1.600 millones de euros para una obra de por sí millonaria en origen.
En este sentido, han ido saliendo a la luz otras diferencias entre lo presupuestado y abonado con dinero público y las instalaciones y servicios que realmente se estaban ofreciendo en los túneles: es el caso de la instalación y mantenimiento de una estación meteorológica por 1,5 millones de euros, cuando su precio de mercado era de 700 euros.
O unos 3,3 millones de euros pagados a Emesa por el mantenimiento de una red de semáforos que no existe, con la sospecha, además, de que el pago del mantenimiento podría estar duplicado porque ya se recogió su coste en el contrato inicial de la sociedad con el socio privado.
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