Francisco González, expresidente de BBVA
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, citó a Gortari en calidad de imputado para que explicara si tuvo alguna participación en hechos que indiciariamente entiende que podrían ser constitutivos de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
El magistrado admitió así un recurso presentado por Izquierdo, según el cual BBVA dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales a instancias de González y del propio Gortari, que en aquella época era director de gabinete de presidencia.
Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Europa Press, Gortari ha ratificado lo que ya expuso en el expediente disciplinario que se abrió y cerró sin sanción alguna en julio de 2019 para indagar internamente en este asunto.
Así, ha contado al instructor que González le pidió información sobre Izquierdo y que Gortari se lo transmitió a su vez al que fuera jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano. Este último, le entregó un informe –sin membrete alguno–, que el investigado no llegó a dar al entonces presidente del banco, ha sostenido.
Otras fuentes han precisado que este interés de González por Izquierdo se debió a una información periodística que reflejaba que el abogado se había enfrentado al otrora presidente de Sacyr, Luis del Rivero, lo cual llamó su atención en sentido positivo.
Por otro lado, el Ministerio Público ha interrogado a Gortari acerca de la información registral que González solicitó a través de BBVA sobre fincas que estaba sopesando adquirir a título personal.
En un reciente escrito, Fiscalía Anticorrupción atribuyó al ex banquero un presunto delito de administración desleal «por haber utilizado recursos» de BBVA «para su uso exclusivamente personal», en referencia a una valoración encargada para la adquisición de una finca a título privado.
El auditor jefe ha explicado que no era el procedimiento habitual que los empleados acudieran al banco para obtener información registral para cuestiones personales, si bien ha señalado que con González sí se hizo.
Ante la insistencia del Ministerio fiscal, ha manifestado que en el caso de González, al ser el presidente de BBVA, era necesario descartar cualquier conflicto de interés que pudiera surgir con la adquisición de dichas fincas.
En esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, donde tanto González como BBVA están imputados, se investigan los servicios contratados por BBVA a CENYT –buque insignia del grupo empresarial de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, el banco habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
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