El 23 de agosto 2011, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy acordaban cambiar la Constitución para introducir un artículo que, a la postre, supuso la estocada final del zapaterismo: el artículo 135.
Un artículo que en su titular antepone el pago de la deuda a cualquier gasto público y social, y que en su seno refuerza el principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, dice dicho artículo.
Ahora, seis años después, el Gobierno de Mariano Rajoy recurre a él para apoyar la orden ministerial de Hacienda con la que pretende intervenir las cuentas de la Generalitat de Cataluña.
En un escrito de ocho páginas, Hacienda basa en el cumplimiento del artículo 135 la necesidad de intervenir las cuentas del Govern. Un escrito, por cierto, al que le falta, según afirman a EL BOLETÍN técnicos de Hacienda (Geshta), cierto apoyo legal que le otorgue mayor formalidad jurídica.
“El artículo 135 de la Constitución española dispone que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria […] Para garantizar el cumplimiento de dicho principio constitucional, las directrices de cooperación y coordinación debe darlas el Estado […] Por tanto, el Estado debe ejercer las competencias de coordinación general que para ello la Constitución le atribuye”, justifica la orden de Hacienda.
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