Anciano
Aprovechando los 17 años de aplicación, la citada asociación hace una radiografía de la ley con 17 datos. De esta manera, señala que 1.563.108 personas tienen reconocida su situación de dependencia actualmente en España y otras 124.326 están pendientes de valoración. “Esto supone que el 3,3% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria”, señala.
Asimismo, 162.411 personas están en el ‘limbo’ de la dependencia en diciembre. A lo largo de este año el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 15.019 personas y a este ritmo se tardarían 11 años en lograr la plena atención.
En relación a esto, 310.429 personas forman el total de “desatendidas”. Es la suma de aquellas que se encuentran en el citado ‘limbo’, las que están pendientes de valoración (124.326 expedientes) y las que tienen un PIA (Plan de Atención) aprobado pero que aún no es efectivo (23.692).
Hay dependientes que no viven para ver reconocida su prestación. Un total de 45.360 personas fallecen cada año en las listas de espera de la dependencia: 19.661 pendientes de resolución de grado y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos. Esto se traduce en que 124 fallecen al día en las listas de espera. O dicho de otra manera, una cada 12 minutos.
Otra de las cuestiones a solucionar en lo relativo a esta norma es el tiempo en el que se tramitan los expedientes de la dependencia. La media llega hasta los 323 días. Sin embargo, en algunas comunidades autónomas toca esperar más. En concreto, más de un año. Así pasa en Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia.
A todo esto hay que sumar los recortes que acumula el sistema, que finalizaron en 2021. Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, “6.321 millones es el recorte acumulado tras el RD-Ley 20/2012 por parte de la Administración General del Estado, considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares”.
El año pasado también hubo algunas comunidades que metieron la tijera. La financiación a la dependencia se redujo en 98 millones en diez autonomías, “que hicieron caja con el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado”. Esto pasó en Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia.
La asociación también apunta que un 13,8% de cuidadoras están de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia y que hay 316.215 empleos directos en España asociados a las atenciones de la ley.
La inversión pública en 2022, continúa, fue de 10.234 millones de euros y “sigue existiendo una acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación”. Así, las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706) y Navarra (1.701), mientras a la cola continúan Canarias (801) y Galicia (615).
La aportación estatal en la financiación pública de la atención a la dependencia es del 26%, lo que supone un incremento de un 33% respecto al año anterior, “aunque aún está lejos del pretendido 50%”, lamentan los directores y gerentes de servicios sociales. Respecto a esto, el Plan de Choque ha supuesto un importante empujón para el sistema, con 3.644 millones de incremento acumulado en los tres últimos años en la aportación estatal.
Desde la asociación se incide, además, en que un 60% de personas atendidas en sus casas no cuentan con Teleasistencia, “a pesar de que el Plan de Choque marcó el objetivo de establecer este servicio como un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio”.
Entre todos estos datos también está el carrusel de ministros o ministras que han pasado en los 17 años de la Ley de Dependencia. Un total de 13. “Evidenciando la inestabilidad en los órganos de gestión del Sistema”, afirma. Y recuerda los nombres de Jesús Caldera, Mercedes Cabrera, Trinidad Jiménez, Leire Pajín, Ana Mato, Alfonso Alonso, “de forma interina” Fátima Báñez, Dolors Montserrat, Carmen Montón, María Luisa Carcedo, Pablo Iglesias, Ione Belarra y Pablo Bustinduy. A esto se une los “numerosísimos” cambios en la dirección de las consejerías afectadas de las diferentes comunidades.
Para los directores y gerentes de servicios sociales “el Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites” y piden “simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento”.
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