El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
El administrador de Izquierda Unida (IU) para la coalición electoral Unidas-Podemos en los comicios generales de 2019, Carlos García Ramos, ha declarado este viernes ante el juez que investiga la cuentas ‘moradas‘ que se fiaba de los contratos celebrados por el administrador de Podemos, Daniel de Frutos, explicando que cada parte realizaba sus propios contratos y solo comunicaba a su socio el detalle de los gastos para no exceder el límite legal.
García Ramos, que ha comparecido ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid en calidad de investigado, ha contado al juez Juan José Escalonilla que la administración mancomunada de la coalición electoral se basaba en una «colaboración mutua», conforme a la cual cada partido contrataba de forma independiente los servicios electorales que necesitaba y se avisaban únicamente del gasto.
«No se validaban los contratos uno a otro, no se trataba de que los contratos tenían que pasar por uno de los dos integrantes de la coalición, cada uno tenía sus proveedores. Sí había una mancomunidad en relación al exceso de gastos, porque evidentemente hay un tope de gastos en una campaña electoral», ha dicho el abogado de Podemos, Gorka Vellé, sobre la declaración de García Ramos. «A efectos de control de gasto, no de los contratos, había esa colaboración mutua», ha remachado.
De hecho, García Ramos ha precisado a Escalonilla que no tuvo ocasión de leer el contrato entre Podemos y Neurona hasta los meses de octubre y noviembre, una vez transcurrida la campaña electoral, cuando ambos administradores pusieron en común toda la documentación para enviarla al Tribunal de Cuentas, según fuentes presentes en la ronda declaraciones de investigados y testigos que ha tenido lugar este viernes.
Además, el administrador de IU ha señalado que ninguna persona de su partido político se puso en contacto con los ex abogados de Podemos José Manuel Calvente –el denunciante– y Mónica Carmona para poner en su conocimiento presuntas irregularidades. «El propio investigado certifica que nadie de Izquierda Unida se ha puesto en contacto» con ellos, ha sostenido Vellé.
Carmona afirmó el pasado 28 de octubre ante Escalonilla, en calidad de testigo, que «Izquierda Unida estaba inquieta y reticente a estos contratos» con Neurona porque se habrían hecho «sin el conocimiento ni consentimiento del administrador de IU». No obstante, se negó a revelar la identidad de las personas que acudieron a ella, como responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, para denunciar las supuestas irregularidades.
Tanto Podemos como el administrador de Neurona, Elías Castejón, que ha declarado como investigado, han aportado una extensa documentación para probar que los servicios contratados con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 efectivamente se prestaron, una cuestión que constituye en estos momentos el objeto principal de la causa.
En el caso de Podemos, Vellé ha destacado que han entregado al juez «más de 1.400 documentos y productos elaborados por Neurona durante la campaña electoral». «Para que nos hagamos una idea de la magnitud, no hemos podido presentarlos ni siquiera en un ‘pendrive’, hemos tenido que aportarlos en una memoria interna», ha enfatizado.
El abogado de la formación ‘morada’ ha revelado que el dossier incluye otros documentos relativos a los salarios de los trabajadores y a las obras en la sede nacional, dos cuestiones que también forman parte de la causa porque –de acuerdo con Carmona y Calvente– se habrían pagado excesos no justificados en ambos casos. «Hemos hecho un ejercicio total de transparencia», ha resaltado Vellé, que se ha mostrado satisfecho con la sesión judicial de este 13 de noviembre.
Por su parte, el arquitecto encargado de dichas obras, Manuel Campos García, que acudía como testigo, ha justificado ante el juez por qué el presupuesto pasó de 649.000 euros en licitación a 1,3 millones de euros en adjudicación, conforme a las cifras apuntadas por Carmona. Según fuentes presentes en la declaración, ha dado cuenta de cada gasto en un minucioso informe, achacando el baile de cifras a la diferencia entre un proyecto básico y la ejecución material del mismo.
«Ha habido muchísimos datos», ha corroborado Marta Castro, la abogada de Vox, que ejerce de acusación popular en este caso, aludiendo a la documentación aportada por investigados y testigos. En su opinión, «al juez no le va a quedar más remedio que acordar mas diligencias para ampliar toda la información que hemos tenido hoy».
En un principio, también debían declarar como investigado Eduardo López, persona de contacto de Neurona, y como testigo Pablo Manuel Fernández Alarcón, ex gerente de Podemos, aunque finalmente no han comparecido. Está previsto que el próximo 20 de noviembre declaren como investigados De Frutos; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato.
El caso parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por Calvente, en la que se recoge la investigación interna que hizo junto a Carmona a raíz de diversas denuncias que habrían recibido de trabajadores de Podemos por supuestas irregularidades y que, según sostienen ambos, fue el motivo de que fueran despedidos.
La denuncia de Calvente apunta a una serie de hechos supuestamente delictivos, entre los que destacan los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.
Escalonilla ha archivado la causa en lo tocante a los contratos electorales con ABD y a la llamada ‘Caja B’, manteniéndola abierta para los otros hechos denunciados, aunque la atención se centra en la relación contractual entre Neurona y Podemos, donde el juez, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas ven indicios de que podrían ser contratos simulados para desviar dinero de las cuentas del partido.
El Ministerio Público ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros «rumores, sospechas o suspicacias», aconsejando igualmente al juez que mantenga a la organización politica como investigada porque «resulta más garantista».
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