AYUSO 2
Así lo señala Audita Sanidad, que, junto con la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad, denunciará este jueves ante el Ministerio de Hacienda el “uso abusivo” de los contratos menores por parte del Ejecutivo autonómico. También harán lo propio ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Según destaca Audita, “la excepción se vuelve la regla” y en 2020 el Gobierno de Ayuso adjudicó algo más de 408.000 contratos menores, por un importe de 900 millones. Respecto al total de contratos, representaron el 99,5%.
“Pese a que la figura del contrato menor está pensada para agilizar compras puntuales y favorecer a las Pymes”, Audita Sanidad apunta que “beneficia sobre todo a grandes multinacionales farmacéuticas y de tecnología médica”. “Solo las 20 primeras empresas concentran el 21,7% de los contratos y el 35,6% del valor”, afirma, antes de citar a compañías como Roche, Medtronic, Novartis, Janssen, Pfizer o Johnson & Johnson.
La citada asociación incide en que “aunque la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público prohíbe el fraccionamiento de contratos, la práctica observada es la contraria”. Así se dan “múltiples contratos menores, repetidos, con un mismo proveedor para un mismo producto, por importes que habrían justificado una licitación pública”. Una práctica, asegura, que se sucede en hospitales como el Clínico San Carlos, La Paz, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Infanta Cristina, entre otros.
Además del ejemplo del año de la pandemia, detalla que en solo cuatro años, entre 2016 y 2020, se adjudicaron a dedo en la sanidad madrileña 2,35 millones de contratos menores por más de 4.000 millones de euros. “Aplicando la estimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –sobrecostes del 25% cuando no hay competencia–, el uso abusivo del contrato menor habría generado unos 818 millones de euros de sobrecostes”.
Con esa cantidad, defiende, “se podrían haber financiado 82 centros de salud o contratado a 14.600 médicos de Atención Primaria durante un año”. “Más allá de la cifra económica”, Audita Sanidad subraya que “esta mala utilización del dinero público vulnera los principios de transparencia, concurrencia e igualdad ante la ley, y compromete el derecho a la salud, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales”.
Audita Sanidad reclama en este contexto investigaciones “a fondo” por parte de los organismos con responsabilidad fiscalizadora sobre el uso abusivo de contratos menores y el fraccionamiento de contratos en la sanidad madrileña. También, reformas legales para que la ciudadanía y asociaciones puedan “activar fiscalizaciones cuando aporten documentación”.
Junto a esto, pide “garantizar la independencia real de las Intervenciones Generales frente a los gobiernos autonómicos”.
En su opinión, el abuso de contratos menores en la sanidad madrileña “encarece la contratación, favorece a grandes corporaciones, erosiona la sanidad pública y vulnera derechos humanos básicos”.
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