El abogado del novio de Ayuso declara en el TS que tenía el mandato de su cliente de llegar a un acuerdo con Fiscalía
Antes del primer ladillo, se contextualiza la información para enganchar al lector: Neira detalló que el objetivo era “evitar el mayor daño posible” a la pareja de González Amador y aligerar el proceso judicial, aunque aclaró que el correo se filtró sin su consentimiento.
El abogado declaró que el 26 de enero de 2024, Hacienda notificó a González Amador la liquidación que implicaba trasladar el caso a la Fiscalía. Dos días después, Neira se reunió con su cliente y le explicó las dos vías posibles: “defender la causa o aceptar la conformidad penal”. Según Neira, González Amador mostró preocupación por su pareja y aceptó que se buscara la vía más rápida y con “el menor ruido posible”. En palabras del letrado: “Me dijo que adelante y que lo dejaba en mis manos”.
Neira relató que, tras recibir la autorización de su cliente, el 2 de febrero de 2024 envió un correo a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid ofreciendo el reconocimiento de los delitos fiscales. Sin embargo, aclaró que no reenviaba el correo a su cliente, aunque sí lo mantuvo informado “por email, teléfono o en persona”.
El 14 de marzo de 2024, González Amador dijo que no conocía ese correo, pero después de hablar con Neira, le dio su apoyo. El abogado también aclaró que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, le llamó ese mismo día para preguntar por el email, pero que solo confirmó su existencia.
El propio Neira sostuvo que su cliente estaba “perplejo” al enterarse de la filtración de los correos con la Fiscalía, y que él mismo “jamás” pensó que saldría a la luz
El letrado también explicó que envió el mismo correo electrónico a Julián Martínez Simancas, de la Abogacía del Estado, porque en ese momento tramitaba con él otra conformidad penal. Eso sí, dejó claro que no discutió el asunto de González Amador con el abogado del Estado.
Neira recalcó que toda la estrategia se centró en que su cliente reconociera los hechos para evitar un proceso judicial más largo y complicado. “Lo que queríamos era acordar la mejor calificación jurídica posible y la menor pena”, insistió.
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