La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los agentes sociales.
Millones de europeos acogidos a planes de protección de empleos (ERTE en España) corren un alto riesgo de perder sus puestos de trabajo cuando los diferentes Gobiernos retiren estos soportes que han impedido que Europa sufra las pérdidas catastróficas de empleos que ha soportado EEUU desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Estos programas abarcan 45 millones de empleos, es decir, un tercio de la fuerza laboral en España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
La mayoría de gobiernos ha ampliado estos programas hasta después del verano, temiendo que una retirada prematura pueda provocar pérdidas masivas de empleos. Sin embargo, a medida que la demanda y la producción se recuperan, van aumentando las voces que advierten no solo del enorme coste de dinero público que suponen, sino también del riesgo de que estas ayudas puedan atrapar a personas en empleos “zombis” inviables y frenen su paso a otros sectores con mejores perspectivas a largo plazo, como el de las tecnologías o el de la salud.
Allianz calcula que, en los cinco mayores países de Europa, unos nueve millones de trabajadores acogidos a estos ‘ERTE’, el 20% de todos ellos, corren el riesgo de quedar desempleados el año que viene porque pertenecen a sectores que denominan de “floración tardía” como son el turismo, la hostelería, el entretenimiento y el comercio. Según los analistas de la multinacional alemana, los empleos ‘zombis’ equivaldrían al 6% del empleo total y son más numerosos en países como Reino Unido y España -que cuentan con una participación relativamente mayor de sectores intensivos en mano de obra- que en Alemania.
En el caso de España, Allianz calcula 1,3 millones de empleos ‘zombis’ el 6,5% del total.
De modo que el reto ahora es cómo eliminar gradualmente estos apoyos sin que aumente el desempleo a largo plazo. Para Allianz, es urgente combinar ahora políticas activas de empleo con estos incentivos, que deberán reducirse cuando el desempleo disminuya o el empleo crezca a un ritmo adecuado.
Mientras tanto, los sindicatos y empresas están exigiendo a los diferentes Gobiernos ampliar estas ayudas los próximos meses. Algunos ya lo han hecho, pero aún no se ha hablado de crear nuevos incentivos a la contratación o de programas masivos de reciclaje.
Ahora, el gobierno que está sometido a mayor presión es el español, porque el acuerdo de los ERTE finaliza el 30 de junio. Esta semana se reanudan las negociaciones para establecer una prórroga de tres meses, hasta el 30 de septiembre, después de que la reunión celebrada el pasado jueves finalizase sin acuerdo, pero con avances.
El Ejecutivo ha rechazado hasta en dos ocasiones la propuesta conjunta de los sindicatos y los empresarios, para prorrogar los expedientes tal y como están actualmente porque considera que el coste es excesivo y pretenden que las empresas asuman una parte mayor del mismo.
El Gobierno de Sánchez defiende que los ERTE han funcionado, uno de cada tres beneficiarios ya han vuelto a su trabajo, pero las perspectivas no son nada halagüeñas. Según las previsiones de la OCDE, España será una de las economías más afectadas en Europa y el desempleo podría elevarse al 22%.
Francia mantiene uno de los planes de apoyo más generosos de Europa, que se extenderá hasta septiembre y que costará, según cálculos gubernamentales, 31.000 millones de euros en seis meses. En abril se acogieron nueve millones de trabajadores, pero un mes después la cifra se redujo hasta los ocho millones.
El plan del Reino Unido durará hasta octubre, pero las empresas empezarán a compartir el coste de forma progresiva a partir de agosto, aunque los trabajadores seguirán recibiendo el 80% de su remuneración regular. Además tratará a todos los sectores por igual, incluso los más afectados como la hostelería y el turismo.
Mientras, el plan de trabajo a corto plazo de Alemania durará en durará en su formato de emergencia mejorado hasta finales de año, pero el plan estándar podría durar hasta 24 meses. Con la economía alemana en marcha y con el gobierno inyectando un nuevo estímulo de 130.000 millones de euros en la economía, algunos analistas han avisado de que Berlín pueda estar excediéndose.
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