Violencia machista
El 74% de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no han sido completadas aún, prácticamente el mismo porcentaje facilitado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en mayo de 2019, por lo que el grado de cumplimiento de este acuerdo apenas ha variado respecto a hace un año.
Así lo ha manifestado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su comparecencia este lunes, 18 de mayo, en la comisión de seguimiento y evaluación de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017.
Montero ha precisado que, de del total de medidas del Pacto (290 sumadas las de Congreso y Senado), 75 están cumplidas (es decir, el 25,8%), 164 están en proceso de implementación (el 56,6%) y otras 51 están pendientes (el 17,6%).
Los porcentajes facilitados por Montero prácticamente coinciden con el último balance oficial sobre el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado de hace un año. En mayo de 2019 la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó de que sólo un 25% de las medidas se habían implementado y un 57% estaban en proceso de implantación.
Así pues, aunque desde entonces se han producido algunos avances, los porcentajes de cumplimiento apenas han variado en un contexto marcado por la inestabilidad parlamentaria y diversos procesos electorales.
Tal y como ha apuntado Montero en su intervención, el «impulso efectivo» al Pacto –aprobado a finales de 2017– no llegó hasta el verano de 2018, tras la moción de censura presentada en junio de 2018 que llevó a La Moncloa a Pedro Sánchez, aunque ocho meses después convocó elecciones generales el 28 de abril y hubo otras el 10 de noviembre, de las que salió el Gobierno actual.
De ese impulso del Pacto de Estado, según ha incidido Montero, su departamento es «heredero» y va a «redoblar» esfuerzos en su desarrollo, por lo que se ha comprometido a «impulsar actuaciones» para seguir implementando sus medidas. El Pacto debe desarrollarse en un plazo de 5 años desde su aprobación, si bien «se puede prorrogar», ha apostillado Montero al respecto.
«INSTITUCIONALIZAR» EL PACTO DE ESTADO
En cualquier caso, Montero ha destacado que va poner en marcha «un proceso de institucionalización» del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este sentido, ha defendido una política pública estable dotada de «una firme estructura organizativa» con personal formado en los tres niveles de la administración del Estado y desarrollada desde «la corresponsabilidad y coordinación de las administraciones central, autonómica y local», y un «riguroso y fiable» sistema de monitoreo y seguimiento.
Concretamente, para esto último, ha dicho que se están diseñando dos aplicaciones informáticas que facilitarán y mejorarán el envió y remisión de los distintos datos sobre las medidas del Pacto por parte de los territorios.
Según ha expuesto, se mejorará el sistema de financiación del Pacto de Estado para hacerlo «más flexible» y adaptado a la implantación de medidas que contribuyan a la idea de institucionalizar las actuaciones frente a la violencia machista.
También ha avanzado que se va a tramitar el real decreto con las cuantías a distribuir y los criterios del fondo del Pacto para las entidades locales, teniendo en cuenta que recientemente se ha aprobado el de las comunidades autónomas. Para Montero, no se puede «dar marcha atrás» en este Pacto, «gobierne quien gobierne».
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