Autónomo
El trabajo autónomo en España vive un primer semestre de 2025 con signos de recuperación, pero arrastrando serias reivindicaciones históricas. Mientras una mayoría constata una mejora en su volumen de negocio, el malestar por la presión fiscal sigue siendo abrumador. Así lo refleja el último Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA, que ofrece una radiografía con claroscuros sobre el estado actual del colectivo.
El informe, elaborado a partir de una encuesta a 2.000 trabajadores por cuenta propia, revela que el 64% de los autónomos ha aumentado su facturación durante el primer semestre de 2025. Este dato, que podría parecer alentador, se matiza con las diferencias entre sectores. Por ejemplo, el 20% afirma que sus ingresos se han mantenido estables, siendo esta opinión mayoritaria entre quienes trabajan en comercio de alimentación, donde las ventas parecen haberse estancado.
“Es imparable una reforma fiscal profunda para el colectivo y una mejora de la protección social que equipare los derechos del colectivo con los trabajadores por cuenta ajena”, ha afirmado el presidente de UPTA, Eduardo Abad
En el extremo contrario, el 16% ha sufrido una caída de su facturación, con especial incidencia en el sector textil, uno de los más golpeados en los últimos años. Aun así, el tono general es optimista: el 70% de los encuestados cree que acabará el año mejor que en 2024, frente al 20% que teme empeorar y el 10% que espera mantenerse igual.
Pese a la mejora de ingresos, la presión fiscal sigue siendo, de lejos, el principal quebradero de cabeza para el colectivo. El 80% de los autónomos señala la carga impositiva como su mayor problema, una crítica que UPTA considera especialmente relevante entre los autónomos persona física, quienes —a diferencia de las sociedades— «soportan altos niveles impositivos sin beneficios equiparables a los trabajadores asalariados».
Este desajuste en derechos y obligaciones es uno de los elementos que más frustración genera entre los profesionales por cuenta propia, que piden una fiscalidad adaptada a su realidad y no a esquemas empresariales clásicos.
El Observatorio también pone de relieve otras preocupaciones importantes. El 10% de los encuestados denuncia la escasa protección social, con ejemplos como las incapacidades temporales. Un autónomo de baja, explican desde UPTA, apenas percibe 600 euros al mes, pese a haber pagado sus cotizaciones, sin que eso le exima de gastos como el alquiler o suministros.
Además, otro 5% apunta a las elevadas cotizaciones a la Seguridad Social, que consideran injustificadas por los bajos retornos en prestaciones. Finalmente, un 5% identifica la inestabilidad política como un factor de riesgo para su actividad, lo que añade una capa más de incertidumbre al entorno económico actual.
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