La Audiencia Nacional rechaza la querella de CCOO contra el marido de Cospedal por los pagos de Liberbank

El juez Moreno considera que no existen “elementos mínimamente acreditadivos de la realidad de tales afirmaciones”, en referencia a la querella. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por CCOO contra directivos de Liberbank y el marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, por presuntas irregularidades y pagos no declarados a la Hacienda Pública.

CCOO denunciaba que la empresa de López del Hierro, Hilo de Inversiones SL, percibió del grupo una cantidad de 7.000 euros mensuales durante varios meses del año 2013 “sin que conste que realizara prestación alguna que soportara dichos costes”. No obstante, Moreno considera, en un auto recogido por Europa Press, que no existen “elementos mínimamente acreditadivos de la realidad de tales afirmaciones”.

Según indicaba el sindicado, la entidad también realizó pagos a la empresa del exsecretario de Estado de Energía y actual presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí. El magistrado indica, en este caso, que la denuncia de CCOO “no se ajusta a la realidad”.

En lo que se refiere a los exdirectivos de Cajastur Felipe Fernández Fernández, María Encarnación Paredes Rodríguez y Jesús María Alcalde Barrio, que fueron incluidos en el ERE de la caja de ahorros, pero pasaron a prestar sus servicios en Liberbank como miembros y del consejo de administración, el sindicato consideraba que podrían haber podido incurrido “en un delito de fraude fiscal al no tributar por las indemnizaciones recibidas”.

Sin embargo, el magistrado ha seguido el criterio de la Fiscalía, que consideraba que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar estos hechos. Indica que “no se ha aportado documentación que avale que las defraudaciones superaran los 120.000 euros” que establece la ley para la comisión de un delito contra la Hacienda Pública.

Agrega que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar los hechos denunciados ya que éstos no implicaron “una defraudación con grave incidencia ni perjuicio para la economía nacional”.

Moreno fija en su auto una fianza de 10.000 euros que tendría que depositar CCOO para personarse como parte en el procedimiento inadmitido y ejercitar, de este modo, su derecho a recurrir su decisión.

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