La entidad rescatada tiene unos activos fiscales diferidos acumulados de unos 5.500 millones de euros. La privatización de CatalunyaCaixa, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acometerá este verano, se ha convertido en una puja en la que los pretendientes parecen estar más interesados en hacerse con los preciados activos fiscales diferidos (DTA) de la entidad, que en la entidad en sí misma.
Una vez que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) parece poco dispuesto a otorgar un esquema de protección de activos (EPA) al comprador de CatalunyaCaixa, estos créditos fiscales se han convertido en su principal reclamo, ante las dudas que genera la subasta en sí, que ya ha sido suspendida dos veces en los últimos años.
La entidad rescatada tiene unos activos fiscales acumulados de unos 5.500 millones de euros, si bien se estima que de ellos sólo unos 3.500 millones computan como capital tras la reforma impulsada el año pasado por el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Los DTA se generan cuando los bancos se anotan pérdidas o se ven obligados a realizar provisiones para cubrir riesgos de capitalización, como por ejemplo, las destinadas a cubrir el riesgo inmobiliario o el aumento de la morosidad, y que no son deducibles en el momento de realizarlas pero sí en un futuro. La nueva normativa sobre los activos fiscales diferidos convierte a éstos en créditos exigibles frente a la Administración tributaria, lo que permite que continúen siendo considerados como core Tier 1 (capital de máxima calidad) en la nueva normativa internacional de Basilea III, si bien no alcanza a todos ellos.
La intención del Gobierno es que CatalunyaCaixa sea privatizada antes de agosto, según señaló ayer Guindos, en una operación que previsiblemente se dividirá en tres procesos diferentes: la venta de la red de sucursales fuera de Cataluña, la cartera hipotecaria y la propia entidad. El problema es que los interesados en hacerse con estos negocios han solicitado ayudas públicas, por lo que el FROB se encuentra en la encrucijada de repartir los créditos fiscales otorgados, algo que reduciría el interés por el banco.
Catalunyacaixa ha recibido más de 12.000 millones de euros de ayudas públicas, de los que la mayor parte se dan por perdidos. En la otra venta realizada hasta ahora, el FROB vendió Novagalicia por algo más de 1.000 millones de euros a Banesco, cuando el rescate de la gallega costó 9.000 millones.
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