La anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) por parte de la Audiencia Nacional podría costar a Liberbank 67 millones de euros. Los trabajadores de Liberbank comienzan a preparar los trámites para que el banco que preside Manuel Menéndez les devuelva el dinero que les debe por la aplicación del expediente de regulación de empleo (ERE) que fue anulado por la Audiencia Nacional, y que podría ascender en total a unos 67 millones de euros.
Según señala el sindicato CSIF en su página web, en previsión de la no admisión por parte del Tribunal Supremo del Recurso de Casación presentado por Liberbank contra la sentencia de la Audiencia Nacional, o de ser admitido, de que finalmente sea desestimado, “debemos ir preparándonos para solicitar la ejecución de sentencia individualizando las reclamaciones de cada trabajador”.
El sindicato, que al igual que la Fiscalía ha impugnado el recurso presentado por el banco, ha confeccionado una plantilla referida a salarios, pluses y beneficios sociales dejados de percibir por los trabajadores, que éstos pueden descargar y rellenar para su envío. CSIF advierte de que aunque de momento sólo necesita la plantilla rellenada, los empleados deben preparar y conservar la documentación justificativa de las cantidades a reclamar.
El 14 de noviembre de 2013, y estimando parcialmente la demanda presentada por CSI y STC-CIC, a la que se unieron CSICA, CSIF y APECASYC, la Audiencia Nacional decidió anular tanto el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) acordado por Liberbank con UGT y CCOO el 25 de junio de ese mismo año, como el ERTE unilateral que había anunciado unas semanas antes el banco.
La Audiencia Nacional entendió que hubo “vulneración de la libertad sindical”, y condenó al banco a “reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la aplicación de las medidas”. Según los cálculos de los sindicatos que llevaron este ajuste laboral a los tribunales, el banco debería devolver a los empleados unos 67 millones de euros por las cantidades económicas detraídas. El propio banco cifró en unos 12.000 euros de media por cada empleado el coste de esta anulación.
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