La formación de izquierdas solicita el embargo a las personas físicas querelladas, «para la cobertura de responsabilidad civil de 24.495 millones de euros».
Izquierda Unida ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra todos los antiguos miembros del consejo de administración de Bankia y BFA, así como contra las entidades como personas jurídicas, a los que atribuye los delitos de asociación ilícita, contable, estafa, apropiación indebida, administración desleal, falseamiento documentos e información. Esta querella estará centrada en la comercialización de las polémicas participaciones preferentes y las consecuencias penales que de ello se puedan derivar, así como en la salida a Bolsa del banco en julio de 2011 y en las retribuciones que percibieron sus directivos.
Así lo han señalado en una rueda de prensa en Madrid el coordinador federal de IU, Cayo Lara, y el secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social, Enrique Santiago, que será el abogado que coordine el contenido técnico de la querella, igual que coordinó también el trabajo para la presentación hace más de un año de la actuación en relación a los denominados ‘papeles de Bárcenas’.
Santiago ha aclarado que “nos querellamos contra las dos entidades (Bankia y BFA) y contra los 32 consejeros”. En el máximo organismo de dirección de la entidad se sentaban nombres tan mediáticos como el del exministro de Economía Rodrigo Rato o el del expresidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, pero también José Antonio Moral Santín, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, y que en 1995 entró a formar parte del consejo de Caja Madrid a propuesta de IU. En ese sentido, ha aclarado que “cuando nos querellamos contra todos los consejeros de BFA y Bankia, decimos todos, caiga quien caiga”.
El abogado ha apuntado además que IU solicitará varias medidas cautelares como el embargo de los miembros del consejo de administración de BFA y Bankia, así como que “devuelvan todas las indemnizaciones recibidas”. “Solicitamos embargo a personas físicas querelladas para la cobertura de responsabilidad civil de 24.495 millones de euros”, ha aclarado tras especificar que cuantifica en unos 45.000 millones de euros el daño causado por todo el proceso a las cuentas públicas. La intención de la formación es que “se depuren todas las responsabilidades” de los consejeros “que hayan actuado irregularmente”.
Asimismo, también han solicitado el embargo de 3.000 millones de euros de querellados que hayan sido miembros de Consejo de Caja Madrid en 2009, año en el que la entidad presidida entonces por Miguel Blesa realizó su polémica emisión de participaciones preferentes por ese importe.
Santiago también se ha mostrado muy crítico tanto con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como con Deloitte, auditor de las cuentas de Bankia, a los que considera “colaboradores necesarios de este engaño”.
El delito de asociación ilícita está penado con hasta ocho años, según recoge Efe; el delito contable por falseamiento cuentas, está castigado con hasta tres años; estafa (seis años); apropiación indebida (otros seis años); administración desleal (cuatro años); falsedad en documento mercantil (seis años) y falseamiento de la información económico financiera, penado con hasta cuatro años de cárcel.
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