El impacto en las cuentas públicas de la nueva normativa sobre activos fiscales diferidos (DTAs) es “prácticamente inexistente”, según defiende el ministro de Economía, Luis De Guindos. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto ley que incluye la reforma de los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) para que puedan ser considerados capital de máxima calidad de la banca.
El total de estos activos en las entidades españolas es de 70.000 millones de euros, según ha explicado el ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, y de ellos, 50.000 millones se han generado en España y son a los que afectará la nueva norma. En concreto, el titular de Economía ha explicado que alrededor de un 60% de ellos, 30.000 millones, podrán seguir siendo considerados capital de máxima calidad (core Tier 1) en la nueva normativa internacional de Basilea III, que entrará en vigor en 2014.
Tal y como ha explicado el ministro, en la normativa aún en vigor (Basilea II), los activos fiscales diferidos podían considerarse core Tier 1, por lo que ha destacado que “no hay ningún tipo de préstamo ni ayuda” a la banca, sino que se trata de una “modificación contable”. Por ello, el impacto en las cuentas públicas es “prácticamente inexistente”, ni en lo que se refiere a la deuda pública ni al déficit público.
Además, Guindos ha defendido que si no se hubiese realizado esta modificación la banca española se encontraría en “desventaja” respecto a otros países europeos, teniendo en cuenta además que la “fuente principal” de los DTAs de la banca española son las provisiones genéricas que deben realizar las entidades ante posibles pérdidas futuras.
En ese mismo sentido, dentro de los activos fiscales diferidos se encuentran también las fuertes provisiones que el año pasado obligó a realizar el propio Guindos, a través de dos reformas financieras casi consecutivas, y que tenían como objetivo cubrir el riesgo del ladrillo.
Los DTA se generan cuando los bancos se anotan pérdidas o se ven obligados a realizar provisiones para cubrir riesgos de capitalización, como por ejemplo, las destinadas a cubrir el riesgo inmobiliario o el aumento de la morosidad, y que no son deducibles en el momento de realizarlas pero sí en un futuro.
Tal y como ya señalaron fuentes financieras a ElBoletin.com, Bankia y Sabadell, que adquirió la CAM en subasta, serán las entidades más beneficiadas por el acuerdo que habría alcanzado el Ministerio de Hacienda y el Banco de España, en tanto que sus DTAs totales representan más de 500 puntos básicos del core capital, frente a los 250 puntos de media para el sector. Estas entidades generaron DTAs significativos en 2012 como consecuencia de los dos reales decretos relativos a la cobertura (provisiones) de los activos inmobiliarios.
Bankia contaba al cierre de septiembre con 7.100 millones de euros en DTAs y créditos fiscales, aproximadamente divididos a partes iguales, debido principalmente a las pérdidas del año pasado. Sin embargo, la cifra ya se ha ido reduciendo paulatinamente a lo largo del ejercicio, desde los 8.000 millones de euros al cierre de 2012.
En el caso del Sabadell, estos activos fiscales diferidos suponen unos 4.652 millones de euros, que provienen en su gran mayoría del crédito otorgado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para la compra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Según un informe de Ahorro Corporación, por volumen, el Santander es el que más DTAs tiene, unos 17.621 millones, aunque con menor peso sobre sus actuales ratios de capital. En el caso de BBVA, estos activos ascienden a 6.741 millones, y en CaixaBank, 6.735 millones. Entre la banca mediana, el Popular tiene 2.861 millones de euros en DTAs y Bankinter apenas 15 millones de euros.
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