La Audiencia Nacional imputa a Olivas y al resto de la antigua cúpula del Banco de Valencia por un posible delito de «falsedad contable» en las cuentas de la entidad de 2009. El juez Santiago Pedraz Gómez, titular del juzgado de instrucción nº1 de la Audiencia Nacional, ha decidido imputar al antiguo consejo de administración del Banco de Valencia, incluido el expresidente de la entidad y de Bancaja José Luis Olivas, por un posible delito de “falsedad contable” en las cuentas de la entidad de 2009. El titular del juzgado también imputa al socio de Deloitte que validó estas cuentas.
Según el auto de la Audiencia Nacional, se imputa el delito de falsedad contable, previsto en el artículo 290 del Código Penal, y se dirige el procedimiento contra los miembros del consejo de administración del Banco de Valencia que en su reunión de 29 de enero de 2010 formularon las cuentas anuales individuales y consolidadas del banco, correspondientes al ejercicio 2009, y contra el socio de Deloitte las validó en su informe del uno de febrero de 2010.
Los imputados son José Luis Olivas, Antonio José Tirado, Celestino Aznar Peia, Domingo Parra Soria, Agnes Noguera Borel, Manuel Olmos Llorens, Jose Segura Almodóvar, María Irene Girona Noguera, María Dolores Boluda Villalonga, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra Segarra, Pedro Muñoz Pérez, Federico Michavila Heras, y Miguel Monferrer Fábrega (socio de Deloitte).
La Audiencia Nacional, que se basa en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) en el que se analizan las cuentas anuales y consolidadas del banco correspondientes a 2009, avisa de que los administradores del banco y el auditor deberán dar explicaciones sobre la “diferencia de cálculo de provisiones” existente entre las cuentas aprobadas y revisadas y la inspección del Banco de España, tras las “anomalías detectadas en la reclasificación a activos dudosos y el ajuste de la provisión por insolvencias”.
El juez señala asimismo que en relación con la supuesta falsedad contable contra los administradores y el auditor del Banco de Valencia, en el informe de inspección de los estados financieros a 30 de septiembre de 2OO8 (de fecha 29 de enero de 2009) se mencionan numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, la toma de decisiones sobre refinanciaciones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida, calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones específicas de 177 millones de euros.
Dentro de la investigación, el juez la Audiencia Nacional solicita además a la Dirección General de Supervisión del Banco de España, que efectuó los trabajos de inspección del
Banco de Valencia desde el 2007 en adelante, que presente determinada documentación relativa a esa labor de supervisión.
Según destaca el magistrado, entre la inspección referida a 31 de diciembre de 2009 y su actualización a 31 de diciembre de 2010, “no consta en la documentación aportada que se hayan formulado escritos de requerimiento o recomendaciones encaminadas a corregir las deficiencias de gestión y errores contables puestos de manifiesto en las revisiones realizadas, si bien se menciona que se llevaron a cabo reuniones a tal fin con los representantes del Banco de Valencia”.
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