El Ministerio de Empleo pretende quitar las prestaciones por desempleo a unos 400.000 desempleados, que podría estar cometiendo fraude. La ministra de Empleo tiene una misión que cumplir el próximo año: ahorrar 2.100 millones de euros del dinero que se emplea en pagar las prestaciones por desempleo, un 6,8% del total.
Para conseguirlo, Fátima Báñez está dispuesta a incrementar los controles, tanto presenciales como informáticos, por los que pasan los parados que cobran la prestación. En total serán 7.400.000 acciones del primer tipo, más otros 2,4 millones del segundo, según los objetivos previstos.
Presión que se concentrará fundamentalmente en los 2.879.748 con derecho a prestación del total de 4.724.000 que constan en los registros de las oficinas de los servicios públicos de empleo, según las cifras oficiales del Ministerio correspondientes al pasado mes de septiembre.
Si los planes previstos por el Ministerio, que ha desvelado el diario ‘Expansión’, llegan a cumplirse cada uno de estos trabajadores sin empleo sufrirá un mínimo de tres inspecciones presenciales, el próximo año, más alguna que otra revisión de su expediente, con el objetivo de determinar si tiene verdadero derecho a recibir la ayuda o está cometiendo un fraude.
La ministra calcula que con este programa pueden detectarse unos 400.000 casos, el 20% del total, de parados que o bien están realizando un fraude al cobrar mientras realizan otros trabajos en la economía sumergida, o prefieren recibir el dinero del Estado a aprovechar las oportunidades laborales, a veces con retribuciones más bajas, que les salen al paso.
En lo que va de año, el trabajo realizado ya en esta línea, habría permitido al Ministerio hacer aflorar más de 130.000 empleos sumergidos.
En el Departamento de Báñez también se ha previsto realizar unas 375.000 reclamaciones a desempleados que hubieran cobrado indebidamente, con el objetivo de recuperar el dinero, y abrir 12.000 expedientes a empresas que han colaborado en estos fraudes. Unas gestiones con las que se aspira a recaudar unos 1.000 millones.
Para conseguirlo, Empleo quiere asegurarse la colaboración de las antiguas oficinas del Inem de las comunidades autónomas, los actuales Servicios Públicos de Empleo, ligando el dinero que reciben a la consecución de una serie de objetivos, de tal modo que el 40% de su presupuesto dependa del éxito que se alcance en estos programas.
El principal indicador será el número de sanciones aplicadas para combatir el fraude y que de origen a la suspensión o la retirada de la prestación.
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