Las nuevas fundaciones bancarias en las que se convertirán las cajas de ahorros sanas sí podrán acudir finalmente a las ampliaciones de capital que eventualmente realicen los bancos a los que entregaron sus negocios financieros, aunque en ningún caso podrán ejercer derechos políticos por encima del 50%.
Las cajas que controlen más de un 10% de un banco deberán convertirse en fundaciones bancarias en un plazo de unos cinco meses. El máximo órgano de esta fundación será el patronato, que deberá estar formado por 20 miembros bajo estrictos criterios de “honorabilidad” y con probada experiencia en el sector. En el caso de que controlen más de un 30% del banco, estas fundaciones deberán suscribir asimismo un protocolo de gestión y presentar un plan financiero anual.
Si la participación es superior al 50%, el plan financiero deberá ser más exhaustivo, con un programa de diversificación estratégica que otorgue al Banco de España la posibilidad de clarificar la estructura de riesgos de la entidad. Asimismo, las fundaciones deberán en este caso crear un “fondo de reserva”, cuya dotación final será decidida por el Banco de España en función de los activos ponderados por riesgo la participación que tenga la antigua caja en el banco.
Actualmente, La Caixa controla actualmente un 61,5% de CaixaBank tras la salida a Bolsa y la compra de Banca Cívica, pero las cajas vascas poseen en 100% de Kutxabank. Lo mismo ocurre con Ibercaja y Unicaja, si bien estas dos reducirán ligeramente sus participaciones con las compras de Caja 3 y Caja España-Duero, respectivamente.
En concreto, estas cuatro cajas de ahorros deberán convertirse en fundaciones bancarias y crear el fondo de reserva si quieren mantener sus actuales posiciones en los bancos. También deberán acometer su transformación las cajas de Liberbank y BMN, que pese a que recibirán ayudas públicas mantendrán posiciones significativas en los bancos a través de los cuales llevan a cabo sus negocios.
En el resto de grupos rescatados, toda participación de una caja inferior al 10% obligará a la conversión en una fundación ordinaria, bajo tutela de la autonomía.
La nueva reforma supondrá en la práctica la desaparición de las cajas de ahorros, ya que en principio sólo dos entidades de tamaño muy limitado, Caixa Pollença y Caixa Ontinyent podrán seguir su actividad como hasta ahora, al tener un tamaño muy reducido y estar su actividad limitada a su territorio de origen.
La nueva Ley también introduce cambios en lo que se refiere a la política de dividendos de los bancos respecto a las fundaciones, que se nutrirán básicamente de estas retribuciones. En el anteproyecto que se aprobó el 3 de mayo se decía que la política de dividendos debía ser acordada por el 75% de los accionistas con voto. Se reduce ahora al 66%.
El resto de puntos del texto no presenta variaciones. Uno de los más relevantes es que los consejeros de los bancos no podrán sentarse en los patronatos de las nuevas fundaciones, y además tanto consejeros como patronos deberán cumplir con unos estrictos requisitos de “honorabilidad” y “profesionalidad”. Estos criterios suponen que cualquier imputación en un supuesto delito podrá ser tenido en cuenta para dar luz verde o vetar un nombramiento, si bien la decisión final corresponderá al Banco de España.
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