La agencia de calificación de deuda Fitch ha advertido de que la ley andaluza antidesahucios, que ya se ha aplicado en algunos casos, subraya el peligro de que se produzca un debilitamiento en la aplicación de la normativa hipotecaria española.
La calificadora destaca que esta legislación y la incertidumbre que subyace respecto a su aplicación se encuentran entre las causas que explican que haya asignado en marzo de 2013 una perspectiva ‘negativa’ a todos los tramos de bonos españoles de titulización hipotecaria de inmuebles residenciales (RMBS), así como que haya ampliado a cuatro años el tiempo estimado para completar las ejecuciones de hipotecas residenciales morosas.
Tal y como recuerda Fitch, el pasado 23 de mayo se hizo oficial la primera expropiación de una vivienda en Andalucía para impedir el desahucio de su propietaria por el riesgo de exclusión social aplicando la nueva legislación autonómica.
“El hecho de que el desahucio fuera interrumpido antes de que tuviera lugar sugiere que este tipo de acciones no puede aplicarse retrospectivamente”, señala la calificadora de riesgos.
Al mismo tiempo, Fitch apunta que existen varias incertidumbres sobre la aplicación de la normativa andaluza, puesto que “no está claro quién correrá con los gastos corrientes o el alquiler de la propiedad durante el periodo que las autoridades andaluzas determinen que debe ser alquilado al ocupante”.
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